La Comisión Europea pidió el viernes a los Estados miembros que garanticen unos ingresos mínimos para toda la población, incluidas las personas que no pueden trabajar o que no tienen empleo, como mejor instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Esta renta mínima garantizada debería acompañarse, según Bruselas, de ofertas de empleo o de formación profesional para las personas que pueden trabajar o de otro tipo de medidas económicas y sociales de integración para el resto.
A la hora de determinar el importe de estos ingresos mínimos que permitan llevar una vida digna, el Ejecutivo comunitario recomienda a los Gobiernos que tengan en cuenta el nivel de vida y los niveles de precios por tipo y talla de hogar en cada Estado miembro.
En todo caso, debe mantenerse un incentivo para que las personas que estén en condiciones de trabajar busquen empleo. Y el importe final de la ayuda debe poder ajustarse o aumentarse en función de determinadas necesidades específicas.
La propuesta de crear una ‘renta mínima’ se incluye en la recomendación presentada ayer por Bruselas para luchar contra la pobreza y no tiene carácter vinculante. Las otras dos medidas que propone el Ejecutivo comunitario para combatir la exclusión social son fomentar las políticas activas de empleo y reforzar los servicios sociales de calidad.
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla subrayó que para combatir la pobreza ‘es necesario reintegrar en el mercado laboral el máximo número de personas posible y garantizar a aquellas que no puedan trabajar unos ingresos que les permitan vivir con dignidad’.
Según los datos de Bruselas, aproximadamente un 16% de europeos se hallan en situación de riesgo de caer en la pobreza (19% si se incluye a los niños), mientras que el desempleo de larga duración se mantiene en un 3%, y un 15% de jóvenes abandonan prematuramente el sistema educativo.
En el caso de España, el 24% de los niños y adolescentes (hasta los 17 años) vive al filo de la pobreza, uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea. Si se tiene en cuenta al conjunto de la población, el riesgo de pobreza afecta en España al 20% de los ciudadanos. Los datos de la Comisión ponen de de relieve además que España se encuentra entre los Estados miembros donde las ayudas públicas tienen un menor impacto en la reducción de la pobreza.
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