La federación de la construcción de ELA anunció hoy que ha presentado dos denuncias ante la Inspección de Trabajo de Gipuzkoa contra la empresa Nicorepe Construcao e Engenharia de Portugal y el Grupo Portues de Haro, que participan en las obras de construcción del nuevo edificio del Colegio Amara Berri y en las viviendas de protección social situadas en el Paseo Morlans de San Sebastián, al considerar que "no se les está aplicando el convenio del sector y perciben salarios por debajo de la establecido en este acuerdo".
En un comunicado, el sindicato explicó que, tanto los salarios como las cotizaciones a la Seguridad Social de ambas empresas, son "muy inferiores" a los que "realmente deberían de ser", con la "agravante" de que el dinero que realmente perciben los trabajadores "no se ajusta a lo que viene reflejado en el recibo del salario o la nomina".
Además, criticó que la empresas denunciadas "están incumpliendo" la obligación de ingresar en la Entidad de Previsión Social Geroa, las aportaciones que establece el convenio, "tanto en la parte correspondiente al trabajador como en la de la empresa".
De acuerdo con los datos recogidos por ELA, en la citada obra, los trabajadores están realizando jornadas "muy largas e intensas" de trabajo con "el riesgo que ello conlleva de tener un accidente laboral". Asimismo, indicó que "no se abonan y cotizan correctamente a la Seguridad Social todas las horas trabajadas".
En este sentido, ELA solicitó a la Inspección de Trabajo, que requiera a las empresas denunciadas para que "regularicen estas irregularidades" y, en su caso, sean las empresas principales (Construcciones Galdeano y Construcciones Jaureguizar), las que "se hagan cargo subsidiariamente" de los costes derivados de la regularización de las condiciones laborales y salariales de las plantillas de las empresas subcontratadas.
ELA indicó que las empresas del Grupo Portues, subcontrata de la Unión Temporal de Empresas Morlans-94 y en la que participan Construcciones Galdiano y Construcciones Jaureguizar, son las encargadas de la construcción de las 94 viviendas de Protección Oficial adjudicadas por Visesa, organismo dependiente del Departamento de vivienda del Gobierno vasco.
Finalmente, el sindicato recordó que hace varios meses inició una campaña de seguimiento del grado de cumplimiento del convenio de la construcción de Gipuzkoa, especialmente entre las empresas subcontratadas, iniciativa que se prolongará por espacio de varios meses, ante el gran número de irregularidades que se vienen detectando.
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