Los ministros del Interior de la Unión Europea tratarán de alcanzar hoy un acuerdo para crear una ‘tarjeta azul’ -equivalente a la ‘green card’ estadounidense- que sirva para facilitar la entrada a la UE de inmigrantes muy cualificados y hacer frente a la escasez de mano de obra por el envejecimiento de la población. La iniciativa debe aprobarse por unanimidad.
Tras casi un año de negociaciones, el único país que todavía mantiene una reserva al texto de compromiso presentado por la presidencia francesa es República Checa. El Gobierno de Praga reclama más garantías de que se dará preferencia a los trabajadores de los países del Este, que todavía tienen restricciones en los mercados laborales de la mayoría de Estados miembros, sobre los extranjeros. Y tampoco está de acuerdo con los criterios salariales utilizados para determinar si un inmigrante está o no cualificado.
Las fuentes consultadas explicaron que la delegación checa ha quedado "aislada", por lo que se espera que acabe levantando sus reservas tras recibir nuevas garantías de la presidencia. El resto de países que no veían con buenos ojos esta iniciativa, como Alemania o Austria, han cambiado de idea después de que se acordara que la ‘tarjeta azul’ convivirá con los distintos sistemas nacionales de admisión de inmigrantes muy cualificados y no los sustituirá, como quería la Comisión.
Además, se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de inmigrante altamente cualificado. Se considerará así al trabajador extranjero que tenga estudios universitarios de al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del país en el que trabajen. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra, este umbral puede rebajarse hasta 120%.
La posesión de la ‘tarjeta azul’, que tendrá un periodo de validez de entre 1 y 4 años, conllevará una serie de ventajas para los inmigrantes, de los cuales el más importante es que podrán circular libremente por todo el territorio de la Unión 18 meses después de establecerse en un Estado miembro. También se garantiza la igualdad de trato respecto a los trabajadores nacionales y se facilita la reagrupación familiar.
Por parte de España participa en la reunión el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
PACTO DE INMIGRACIÓN
Los ministros del Interior de los Veintisiete aprobarán además formalmente el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, que ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio. Desde entonces se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.
En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.
El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos".
Además, invita a los países de la UE a poner en marcha "políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera".
Estas políticas, deben descansar en el equilibrio de los "derechos" de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus "deberes", entre los que menciona el respeto a "las leyes del país de acogida".
Comporta también medidas específicas para favorecer "el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y pondrán igualmente el acento en el respeto a las "identidades" de los Estados miembros de la UE, así como a sus "valores fundamentales", como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos.
Respecto a la reagrupación familiar, se pretende que los Estados tengan en cuenta sus capacidades de acogida e integración respecto a las familias, en función de los recursos de éstas, de sus posibilidades de alojamiento en el país de destino y, por ejemplo, su conocimiento de la lengua.
EXPULSIONES
El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
Todo ello se argumenta porque la Unión Europea no tiene los medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes y advierte de que una inmigración mal gestionada puede afectar a la cohesión social del país de destino. En este sentido, reclama tener en cuenta las capacidades de acogida del mercado de trabajo, los servicios sanitarios, escolares y sociales.
Recuerda que el comportamiento de un Estado "puede afectar a los intereses de los otros" y que, por tanto, es "imperativo" que cada Estado miembro tenga en cuenta los intereses de sus socios en la definición y aplicación de sus políticas de inmigración, integración y asilo.
Igualmente, resalta que las migraciones internacionales pueden ser una oportunidad porque son "un factor de intercambio humano y económico" y "contribuyen al crecimiento económico" de la UE y de sus Estados miembros.
Quiere que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares, y en el ámbito del refuerzo de las fronteras exteriores, que como muy tarde se generalice el uso de visados biométricos el 1 de enero de 2012 y se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. Y se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas igualmente a partir de 2012.
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