La Concejalía de Personal pretende convencer a los sindicatos de que retiren un recurso judicial con el que los representantes de la plantilla pretenden que se les aplique un incremento equivalente al1% de la masa salarial que el Gobierno central pactó en 2006 con los sindicatos para todos los empleados públicos de España.
La Confederación Intersindical Galega (CIG) presentó a primeros de año una demanda ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra los presupuestos municipales en la que exige que las previsiones de gasto incluyan una partida equivalente al 1% de la masa salarial -en torno a un millón de euros- del Concello para distribuirla entre los funcionarios. El recurso demanda la aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2008 que ya recogía el acuerdo firmado en 2006 entre el Gobierno central y los sindicatos a nivel nacional para el periodo 2007-2009.
Con este pacto, el Ejecutivo de Zapatero buscaba mejorar las retribuciones complementarias de todo el personal público para permitir que todos cobrasen al menos dos pagas extraordinarias, y compensar las congelaciones salariales que durante años sufrieron los funcionarios.
Tras la CIG, el sindicato CSI-CSIF anunció ante el juzgado un nuevo recurso que se materializará en las próximas semanas. El Concello tiene hasta finales de este mes para contestar a las demandas y por ello aprovechó una reunión de la mesa de negociación del pasado día 5 para reclamar a CSI-CSIF y a la Confederación Intersindical Galega que renuncien al recurso judicial.
Menciones a la crisis
Los representantes del Ayuntamiento en la mesa de negociación alegaron que con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y el acuerdo que puso fin al conflicto laboral de los funcionarios, el incremento de los sueldos en el Concello fue superior a ese 1%. Ni la petición ni los argumentos empleados por los asesores jurídicos del Concello, que apelaron a su responsabilidad en el momento actual de crisis, sentaron bien a los representantes sindicales, que ya han decidido continuar con la batalla judicial.
El presidente de la Junta de Personal del Concello y delegado de CSI-CSIF, Manuel Aceña, entiende que la negociación con la que el Gobierno local puso fin al conflicto no guarda relación con este asunto, que el Gobierno de Zapatero decidió con anterioridad.
"La Relación de Puestos de Trabajo mejoró la situación de algunos funcionarios, pero hay otros que se quedaron igual. Lo que no podemos hacer ahora es renunciar a este 1% que el Gobierno nos da y que es para todos. Si no tenemos razón, que lo diga el juez", argumentó.
De opinión similar es el vicepresidente de la Junta de Personal y delegado de la CIG, Roberto Tizón, quien censuró que el Gobierno local apelase a la responsabilidad de los sindicatos y se escudase en la crisis, cuando el Gobierno local se gasta 1,8 millones de euros en dedicaciones exclusivas "totalmente innecesarias". Aceña alude además a la gran cantidad de "gastos secundarios" que avala el Gobierno local, al que luego "le encanta presumir" de la calidad de los servicios de la ciudad que prestan los funcionarios.
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