La medida, que ya fue anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de Investidura, tendrá carácter ‘permanente y voluntario’ y estará enfocada a ‘promover la inmigración circular’. Podrán acogerse los extranjeros no comunitarios procedentes de los 19 países con los que España mantiene acuerdos de Seguridad Social que tras un periodo de cotización, hayan quedado en el paro y tengan derecho a subsidio.
Quienes decidan acogerse a este plan, podrán capitalizar la prestación correspondiente y cobrarla en dos tiempos, un 40 por ciento en España, una vez reconocido el derecho, y el 60 por ciento restante al llegar a su país y transcurridos 30 días desde el primer pago. A cambio, no podrán volver a España en al menos tres años.
Corbacho incidió en que esta medida busca ampliar los derechos de los extranjeros, por lo que el Decreto Ley permitirá conservar sus ‘derechos acumulados’ quienes, vencido el plazo, decidan volver a emigrar a España. De este modo, quienes se fueron teniendo concedida la residencia permanente, recuperarán a su vuelta el permiso, mientras que los extranjeros que tenían una autorización temporal, conservarán la antigüedad, según explicó el ministro.
Para el titular de Inmigración esta medida debe entenderse como ‘una oportunidad o posibiidad para que la persona en cuestión emprenda una actividad en su país de origen’ y como una vía para el desarrollo de los Estados de procedencia, que recibirán de vuelta a ‘profesionales cualificados’ con un capital que ‘facilitará su proceso de integración.
Si bien no hizo referencia al universo que podría acogerse a esta iniciativa, el ministro ha reiterado en los últimos meses que unas 100.000 personas podrían optar por el Retorno Voluntario, una estimación que difiere de los cálculos de las ONG y asociaciones de inmigrantes. Según han afirmado grupos como ATIME, las personas que han acumulado prestación suficiente para iniciar un proyecto en el país de origen ya están arraigadas en España, tienen aquí sus familias y preferirán esperar a encontrar otro empleo antes que marcharse.
UNA VEINTENA DE CONVENIOS
En la actualidad, España tiene firmados y en vigor 19 convenios bilaterales de Seguridad Social con otros tantos Estados que si bien recogen prestaciones como la incapacidad laboral permanente o la muerte, no especifican el derecho a cobrar el subsidio por desempleo.
Entre los Estados con quienes España mantiene estos acuerdos destacan Marruecos, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana, Venezuela, México o Paraguay, cuyos nacionales suponen el grueso de los inmigrantes extracomunitarios afincados en el país y que, por tanto, podrían acogerse a esta iniciativa de retorno voluntario.
El universo de extranjeros que podrían acogerse al plan de Incentivo al Retorno Voluntario aprobado hoy por en el Consejo de Ministros ronda las 87.000 personas, que podrán capitalizar el subsidio por desempleo que les corresponda a partir del mes de noviembre para regresar con él a su país, según informaron fuentes gubernamentales.
Estos son los ciudadanos que cumplen todos los requisitos que impone el Decreto Ley de Retorno Voluntario, es decir, tienen residencia legal, han nacido en países no pertenecientes a la Unión Europea, han perdido su trabajo, tienen derecho a cobrar una prestación y el país al que van a retornar tiene convenio de Seguridad Social con España. Las mismas fuentes estiman que de media, estas personas tienen acumulan de media entre seis y 18 meses de subsidio por desempleo.
Los interesados, podrán empezar a informarse a través de los servicios online del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los pagos comenzarán a realizarse en el mes de noviembre, cuando estará desarrollada la norma tras ser informada por los agentes sociales y el Consejo de Estado, según informó ayer el Ministerio.
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