La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha tramitado en lo que va de año un 30% más de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que los que se realizaron hasta la misma fecha del año pasado, según informó el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino Pérez, tras la presentación de la Jornada de Medidas ante la Crisis que organizó la Cámara de Comercio de Las Palmas.
"Lo que si que podemos decir es que, afortunadamente, priman los expedientes de carácter suspensivo sobre los extintivos, por lo que estos documentos suponen una situación extraordinaria, ya que durante un cierto período de tiempo se solicita la suspensión, aunque el objetivo sea la recuperación de la empresa para que los trabajadores vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo".
Además, explicó que la diferencia entre aquellas compañías que recurren al proceso concursal y las que lo hacen al ERE es que los primeros se acogen a los parámetros establecidos en la Ley Concursal, puesto que "son de máxima gravedad, existe un mayor volumen de trabajadores y donde se dan circunstancias urgentes, mientras que el resto de casos se tramitan en instancia en la Autoridad Laboral".
También indicó que la Dirección General de Trabajo tiene como filosofía "propiciar" que se puedan conseguir la mayoría cantidad de acuerdos y que los expedientes estén "en la medida de lo posible" consensuado entre empresarios y trabajadores. "Para ello, en muchos de los casos recibimos previamente a las partes, para orientarlos sobre por donde va a actuar la Dirección".
Por su parte, el magistrado juez-decano, Miguel Losada Terrón, afirmó que existe un aumento de los expedientes concursales en Canarias, puesto que "desde el 15 de julio a hoy han pasado de 23 a 47". "Para que se hagan una idea, en todo el año pasado hubo sobre los 45 expedientes", apuntó.
De esta manera, dijo que, dada la situación actual, estos datos son "muy razonables", mientras indicó que uno de los sectores que más perjudicado se ha visto ha sido el de la construcción.
Aclaró que la Ley Concursal "no puede" llevar a la quiebra a ninguna empresa. "Lo que puede ocurrir es que la situación económica haga que una empresa en concurso, sobre todo cuando va a liquidación, arrastre a otras, pero en principio la Ley Concursal debería servir de herramienta para que las compañías que tienen viabilidad puedan seguir y que las que no lo tienen desaparezca del mercado, protegiendo a los acreedores de ella".
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