Trabajadores y usuarios de la Sanidad pública madrileña están llamados a concentrarse a las 9.00 y a las 18.30 horas del martes 23 ante el hotel Ritz durante la presentación por parte de la Comunidad de Madrid del ‘Plan de Infraestructuras 2007-2011’ a empresarios de la región.
La Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la privatización afirmó que el objeto de la reunión son los cuatro nuevos hospitales de Móstoles, Torrejón, Villalba y Carabanchel, 55 nuevos Centros de Salud y la reforma integral de todos los grandes hospitales públicos.
Además, afirmó que la reunión tiene como objetivo "que los tiburones de la banca y la empresa privada conozcan las peculiaridades del nuevo pliego de condiciones administrativas del nuevo Plan y aprovechen las oportunidades de negocio para su empresa".
"Les animan diciendo que la inversión inicial prevista para este Plan supera los 1.000 millones de euros", afirmaron en referencia a la importancia de la inversión en momentos de crisis económica.
Señalaron también que todo ello se suma al "escándalo" de los nuevos hospitales, de "penoso" funcionamiento, a la "larga historia de privatización de servicios de laboratorio, radiodiagnóstico, informática" y a la "subcontratación" de servicios de todo tipo en hospitales, "que socavan desde hace años la calidad asistencial y las condiciones de trabajo, a mayor gloria de las empresas privadas".
Respecto al funcionamiento de los nuevos hospitales, que gozarán del mismo régimen administrativo que el hospital Infanta Elena de Valdemoro, afirmaron que "la clientela está asegurada", ya que, a su juicio, la libre elección de centro de la que gozan los pacientes dependientes de los nuevos hospitales, era "sólo un señuelo para atacar la Sanidad pública".
"El lucro, sin ningún tipo de control de calidad, se conseguirá de la única forma posible en la prestación de un servicio público como la Sanidad: el ahorro en medios diagnósticos y de tratamiento, en gasto farmacéutico, disminuyendo la cantidad y la cualificación del personal, precarizando sus condiciones laborales y dando prioridad a las técnicas y servicios más rentables", consideraron desde la coordinadora.
Además, indicaron que "como cobrarán un canon per cápita, la forma de asegurar beneficios es quitarse de encima a los enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general que tiene más necesidades de todo". Además, apuntaron que habrá un "pago de una cantidad por acceder a consultas, a urgencias y el abono de un porcentaje en los medicamentos para los pensionistas".
Desde la coordinadora realizaron un resumen de los conflictos que ha habido entre sindicatos y Gobierno regional a lo largo del curso pasado como el producido por la eliminación de la Dirección General de Salud Pública, la resolución de 31 de julio en al que se señala que no se renueven los contratos temporales, o la "privatización" de las pruebas de laboratorio, y consideraron que "si no fuera una realidad tan palpable, parecería que trabajadores y usuarios están ante una pesadilla".
Además, criticaron el hecho de que las leyes en esta materia como el derecho a la Salud y a un Sistema Público de Seguridad Social que la Constitución reconoce, "a diferencia de otros como el Derecho a la Propiedad Privada y a la Libre Empresa, son interpretables por los gobiernos de turno", de manera que las leyes sobre Nuevas Formas de gestión y las sucesivas votadas por el Parlamento regional "amparan todo esta locura privatizadora".
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