De esa cuarentena de empresas, once de ellas son de Valladolid y diez pertenecen a León. No obstante, en la ciudad leonesa se registra mayor cantidad de personas paradas, con un total de 408 afectados por esta suspensión de empleos, mientras que en Valladolid la cifra alcanza los 327 y en Palencia, los 318. Los datos regionales suponen el 6% de la totalidad de parados en España, donde existen casi 27.000 trabajadores del sector de la construcción fuera del mercado laboral.
La causa de estos despidos, según Sánchez, es debido a que las empresas tienen una «mala gestión de sus labores», con lo que se ven obligados a «dar una espantada a sus trabajadores». Sin embargo, el secretario regional de la federación del Metal es consciente de que hay que aceptar una serie de expedientes, pero reclama que se hagan de forma ordenada porque las asesorías «se están colapsando con tantas reclamaciones de los trabajadores que se ven completamente desamparadas».
Regino Sánchez también mostró su preocupación por los datos de siniestralidad, ya se ha incrementado en un 24% los accidentes graves que desde enero a julio de este año en comparación con el mismo período de tiempo del año pasado y un 7% los accidentes mortales. Por otro lado ha descendido en un 14% los percances leves que sufren los trabajadores.
«Esto es consecuencia de la propia relajación que tienen la empresas, las que están más preocupadas por salir de la situación de crisis, que por invertir en prevención de riesgos laborales», manifestó ayer el secretario general de la Federación del Meta, Construcción y Afines.
De esta manera hizo un llamamiento a los empresarios para que «no recorten en gastos y que eviten la siniestralidad», además de pedir que controlen la tramitación de sus ERE «porque se quedan en el paro miles de trabajadores indefensos».
Regino Sánchez resaltó «la grave situación» por la que está pasando el sector de la construcción y enfatizó en el fenómeno de la subcontratación, que afecta al cambio del modelo de producción, a las relaciones laborales y a la siniestralidad.
UGT declara ser «muy beligerante» en su actividad desde hace años para que esta situación se regule. Así, en abril del 2007 entró en vigor la Ley de Subcontratación y su artículo seis obliga a todas las empresas existentes a registrarse para trabajar en le legalidad. El 26 de agosto pasado finalizó el plazo para que todas estuvieran constituidas según la ley lo ordena, pero sólo 9.688 solicitaron la inscripción de un total de 24.000 empresas que hay en la confundida y sólo han sido formalizadas 6.856 de esas solicitudes.
Esta ley reguladora supone, según Sánchez, «un paso de gigantes en el marco legal», por lo que llama la atención a los constructores para que no subcontraten a empresas ilegales, ya que esto supondría una «competencia desleal». De este modo, puede ser una «magnífica herramienta» si se acompaña de la seriedad necesaria para acabar con los «falsos empresarios del sector».
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