El consejero de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, insistió ayer en que "el Gobierno de España debe actuar contra la inmigración ilegal no cerrando las puertas a la inmigración legal, tal y como ha hecho con el anuncio de la supresión de las contrataciones en origen" y consideró que el Ejecutivo central "debe contar con la opinión de las comunidades autónomas a la hora de adoptar decisiones sobre la regulación de los flujos migratorios, dado que son los municipios y las propias comunidades las que mejor conocen la realidad social y económica".
El consejero celebró que "el Gobierno de España haya dado marcha atrás sobre sus intenciones de eliminar los contratos en origen" y emplazó a impulsar una política de colaboración y lealtad institucional en una cuestión "tan sensible" para la ciudadanía como es la inmigración y la convivencia social. Blasco reiteró "el riesgo grave que puede resultar la eliminación de la contratación en origen porque supone el incremento de la inmigración irregular".
Asimismo, instó al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a que trabaje conjuntamente con las comunidades autónomas dado que "son estas las que mejor conocen la realidad social y económica de sus territorios". A este respecto, el consejero reclamó que "no se generen comunidades de primera y segunda teniendo en cuenta que regiones como Cataluña han alcanzado acuerdos con el Gobierno de España para tramitar y resolver autorizaciones iniciales de trabajo".
El consejero emplazó a Celestino Corbacho para desarrollar "políticas en común que afronten el verdadero reto que no es otro que la integración". De esta manera, subrayó la importancia de afrontar la inmigración "desde la legalidad garantizado los derechos, a la vez que exigiendo deberes, a todas aquellas personas que buscan una nueva oportunidad en la Comunidad marchándose de su país de origen" y puntualizó que "los inmigrantes no son los responsables de la actual crisis económica".
Para Blasco, el país "precisa de una política firme en materia de integración" y afirmó que en la Comunidad "ya lo estamos haciendo a través de la Ley de Integración y del Plan de Integración y Convivencia, a los cuales invitamos a su participación al Gobierno de España".
En este sentido, insistió en que la Comunidad Valenciana es una "comunidad solidaria con los extranjeros que optan por desarrollar sus proyectos personales", por lo que "el Gobierno de España debe incrementar la ayuda a aquellas comunidades autónomas receptoras de inmigrantes y que, por lo tanto, han aumentado su población".
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