La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho años y medio de prisión y a una multa de 38.700 euros por un delito continuado de cohecho pasivo y falsedad en documento oficial a un funcionario del Ayuntamiento barcelonés que reconoció haber estafado a Hacienda "por despecho" más de 800.000 euros entre 1999 y 2003, mediante la liquidación de plusvalías fraudulentas.
El funcionario municipal Andrés R.H., que tampoco podrá desempeñar ningún cargo público durante 13 años y medio, reconoció durante el juicio haber estafado a Hacienda dada la pasividad del Consistorio, que no tuvo en cuenta sus problemas económicos y no lo ratificó en su cargo, pese a haber superado las oposiciones y a la resolución judicial emitida en ese sentido.
La Sección Tercera también ha condenado por los mismos delitos al funcionario del Instituto Municipal de Hacienda (IMH) José Luis A.U. a cinco años de prisión, nueve de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y una multa de 2.880 euros. Pese a negar los cargos, Andrés R.H. sostuvo que fue aquel quien le enseñó a modificar los expedientes sin ser descubierto utilizando las claves de dos de sus compañeros y haciéndolo fuera de su horario laboral y sin fichar.
De esa forma, podía modificar las fechas de adquisición o de transmisión de las fincas, reduciendo sensiblemente la plusvalía que debían pagar los contribuyentes representados por los tres gestores y abogados también implicados.
Andrés R.H. continuó en "solitario" con la estafa después de que el servicio de inspección del IMH detectara irregularidades en la liquidación de una plusvalía y de que José Luis A.U. y el gestor Florencio T.J. abandonaran la trama. Éste último ha sido condenado a tres años y medio de cárcel y 2.250 euros de multa por un delito continuado de cohecho activo y como inductor de otro de falsedad en documento oficial.
Fue entonces cuando Andrés R.H. empezó a colaborar con el abogado Carlos A.R.C., que ahora ha sido condenado a seis años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 4.800 euros por un delito continuado de cohecho activo y como inductor de otro de falsedad en documento oficial.
El quinto procesado es el gestor Esteban C.B., quien reconoció que José Luis A.U. sí modificó la plusvalía que debía pagar un cliente suyo por una finca a cambio de unas 300.000 pesetas. El tribunal lo ha condenado a seis años y tres meses de cárcel y 4.860 euros de multa.
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