El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Carlos González-Vilardell, lamentó ayer que la profesión médica tenga que trabajar "bajo presiones de posibles multas", en referencia a las posibles sanciones de hasta un millón de euros que plantea el anteproyecto de Ley de Muerte Digna a aquellos médicos que se obstinen en practicar el llamado encarnizamiento terapéutico.
González Vilardell, quien quiso dejar claro en todo momento que la entidad colegial no dispone del anteproyecto de ley para enjuiciar con mayor profundidad la futura norma, señaló en declaraciones a Europa Press que, "aunque tenemos que ver que pone en ese anteproyecto, desde luego en lo que no estamos de acuerdo es en que los profesionales tengamos que actuar bajo la ‘espada de Damocles’ ante posibles sanciones".
Según el máximo responsable de la entidad colegial, "actuar bajo el miedo a algo que vaya contra el criterio deontológico y ético del propio médico es peligroso", si bien subrayó que los profesionales de la medicina "ni quieren practicar mal su profesión ni se le forma para ello, sino que su labor es la de ayudar a la vida y también a la buena muerte".
González-Vilardell, que tildó de "palabra muy cruda" el vocablo ensañamiento terapéutico con el paciente, aseguró además que en sus "muchos años" de profesión "no conozco casos de ensañamiento terapéutico". Asimismo, incidió en el hecho de que ante sospechas de mala praxis "son los mismos médicos y los colegios los que informan de ello a la Fiscalía".
"Lo que me sorprende en todo este tipo de cosas es que lo que salga siempre sean las sanciones a los médicos; creo que ya está bien", criticó el presidente del Consejo Andaluz, quien dijo que "parece que lo más significativo es el ‘palo’ que le pueden dar al médico que haga estas cosas, pero no los beneficios que pueden obtener con esta ley pacientes, familiares o médicos en el ejercicio de su profesión".
Del igual modo, subrayó que el profesional médico "tiene una formación ética y deontológica de primer nivel", a lo que agregó que "ya existen mecanismos para que no se produzca un ensañamiento, como son los comités de ética hospitalarios, la segunda opinión médica o las propias comisiones deontológicas de los colegios de médicos, que funcionan a diario a nivel provincial y autonómico".
Sobre las propias entidades de colegios de médicos, indicó a Europa Press que son corporaciones de pleno derecho público, "es decir, un brazo de la ley para cuidar del buen hacer de la sanidad". "Tenemos potestad, –enfatizó–, incluso de apartar de la colegiación a aquellos médicos que pueden estar haciendo una mala praxis".
Sea como fuere, recordó que el anteproyecto de Ley "tiene que pasar aún por su trámite parlamentario, el cual nos suponemos que pedirá el asesoramiento de los agentes sociales y los colegios profesionales, momento en el que elevaremos las alegaciones que estimemos oportunas, ya que somos los primeros implicados".
En cuanto a la línea que fijarán en sus alegaciones, declinó avanzar sobre la misma "hasta que no tengamos el anteproyecto de Ley", aunque vaticinó en el trámite parlamentario "se hablarán de muchas cosas".
"Existen personas en estado vegetativo y conectadas a aparatos, siendo muchas veces el juez el que interviene y dictamina si se desconecta o no a una persona", concluyó.
Según avanzó ayer el rotativo El País, la Consejería de Salud podrá sancionar con hasta un millón de euros a los médicos que se obcequen en mantener la vida de un enfermo terminal, sin posibilidad de recuperación, según se desprende del anteproyecto de Ley.
EVITAR SITUACIONES COMO LA DE ECHEVARRÍA
Por su parte, la titular del ramo, María Jesús Montero, declaró ayer en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que dicha norma hará prevalecer, dentro de la legalidad vigente, los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.
Montero, aclaró de esta forma que la futura ley solventa así situaciones como la vivida el pasado año con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.
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