La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) en Asturias se ha dirigido mediante una carta a los diputados de la circunscripción de Asturias en el Congreso de los Diputados para instarles a que apoyen medidas legislativas que contribuyan a terminar con la precariedad en el sector.
A través de un escrito al que tuvo acceso Europa Press, FJI recuerda que la investigación en España sigue caracterizándose por la precariedad de los profesionales que quieren desarrollar su carrera en ese ámbito.
Así, defendieron la necesidad de dotar al personal investigador de los derechos que le corresponden, y lograr la implantación de una carrera investigadora "estable y coherente". El paso fundamental es poner fin a las becas de investigación y conseguir la contratación de los investigadores desde el comienzo de su actividad.
En este sentido, recordaron que el Parlamento de Andalucía envió al Congreso en 2003 una proposición de ley relativa a la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores.
La iniciativa, según FJI, pretendía terminar con la precariedad de los investigadores al promover la protección y la contratación de todos ellos sin excepciones. "Lamentablemente, cuando en 2006 se iba a debatir esta propuesta en el Congreso de los Diputados, desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía se solicitó que se aplazase su tramitación, sin que nunca se haya explicado el porqué", explican los investigadores en la carta.
Por esa razón, los investigadores asturianos solicitan a los parlamentarios asturianos en el Congreso que apoyen "decididamente" la propuesta que retoma su andadura en el Congreso de los Diputados y será la primera Proposición de Ley promovida por un parlamento autonómico que se tomará en consideración al inicio del curso parlamentario.
"Es un momento clave para situar la I+D+i de nuestro país en el lugar de vanguardia que merece", señalan los investigadores, que añaden que la nueva normativa no sólo es necesaria, sino "imprescindible", pues son muchos investigadores los que realizan ahora mismo su labor careciendo de los más mínimos derechos.
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