La compañía aérea Spanair se desmarcó ayer de la carta enviada por los empleados de la compañía al diario ‘ABC’ dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y en protesta a las declaraciones de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, realizadas el pasado viernes.
Spanair aseguró ayer en un comunicado que la compañía "no ha promovido ni ha alentado la difusión de esta carta", y que desconocía tanto esta iniciativa como su contenido.
La mencionada carta muestra la "indignación" de los trabajadores de la aerolínea en la que aseguran sentirse "humillados y difamados" por la conducta de la ministra al considerar que ha utilizado" de manera "parcial e incriminatoria" la información relacionada con el accidente.
Los trabajadores se quejan de que dichas afirmaciones de Álvarez, especialmente las referidas a la revelación de que la empresa valoró la posibilidad de sustituir el avión siniestrado, alimentan "un sentimiento público de indignación contra Spanair" ya que la hacen "responsable directa del accidente".
En un comunicado, la aerolínea aclara que la postura representada por estos empleados "no representa en modo alguno la posición oficial de la compañía" y precisa que desde el mismo momento que se confirmó el accidente aéreo del pasado 20 de agosto, "Spanair ha establecido todas las líneas de comunicación y colaboración con todas las autoridades, a todo nivel".
Dicha colaboración con el Gobierno "ha resultado en una labor positiva" en los que se refiere a la atención a las víctimas y a sus familias y "en los procesos de investigación judicial y técnica en curso", asegura la nota.
"La compañía ha reconocido en todo momento la intervención de todas las autoridades e implicados en la gestión de la emergencia, tanto en los distintos organismos oficiales como voluntarios, a quienes agradece, una vez más, su entrega y profesionalidad con las victimas, los heridos y sus familias", afirma la compañía.
Por último, Spanair reitera que deriva "cualquier comunicación" relacionada con el vuelo JK5022 del 20 de agosto a las autoridades competentes, "tanto a nivel judicial como técnico", concluye la nota.
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