El Gobierno argentino anunció hoy que enviará al Parlamento un proyecto de ley para incorporar cambios al actual régimen laboral, que permitan combatir la expansión de talleres textiles clandestinos y la esclavitud a la que son sometidos sus empleados.
‘Se enviará un proyecto de ley para modificar el trabajo domiciliario y acabar con la indignidad de la esclavitud que muchas veces hemos tenido que ver cuando se descubren talleres’ clandestinos, anticipó la presidenta argentina, Cristina Fernández, durante un acto en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
Según cifras oficiales, el 80 por ciento de la producción se confecciona en talleres informales, donde en ocasiones ‘se reduce la condición humana a prácticas serviles’, indicó la mandataria durante el acto, desarrollado en una fábrica textil marplatense, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.
‘Es muy importante ese proyecto, impulsado juntamente por sindicalistas y empresarios’, precisó la jefa de Estado en alusión a la iniciativa gubernamental, que será enviada en los próximos días al Parlamento, de mayoría oficialista.
El proyecto, que buscará reformar el actual régimen de trabajo a domicilio, obliga a formalizar el contrato laboral por escrito, fomenta negociaciones colectivas entre trabajadores en similares condiciones e incorpora vacaciones y resarcimiento por suspensión, reducción y supresión del empleo sin causa justificada.
Así lo detalló el ministerio argentino de Trabajo al explicar que la iniciativa también incorpora la figura de ‘solidaridad’, que busca responsabilizar no sólo al taller que emplea de manera informal, sino también a la empresa textil que subcontrata sus servicios.
Decenas de personas fueron detenidas este año en distintos talleres textiles clandestinos acusadas de esclavizar a los trabajadores, en su mayoría de nacionalidad boliviana, quienes reciben apenas centavos por cada prenda confeccionada y suelen vivir hacinados en estos precarios establecimientos.
En julio pasado, tres bolivianos fueron detenidos por esclavizar a 37 personas de su misma nacionalidad.
En 2006, seis bolivianos murieron, cuatro de ellos niños, durante un incendio en un taller textil ilegal del barrio porteño de Caballito, donde trabajaban y vivían unas 50 personas en condiciones serviles.
Tras este último hecho, las autoridades argentinas pusieron en marcha un plan de inspecciones contra el trabajo esclavo que supuso la clausura de más de 700 establecimientos de costura, cuyos empleados eran en su mayoría extranjeros indocumentados.
El episodio también motivó denuncias judiciales por parte de la Unión de Trabajadores Costureros de Buenos Aires y una multitudinaria marcha de inmigrantes bolivianos en favor de empleos dignos.
Actualmente residen en Argentina unos dos millones de bolivianos, de los que unos 800.000 viven en Buenos Aires y sus alrededores, según cálculos de la colectividad.
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