Para financiar este fondo, dotado con 40 millones de bolivianos (más de 5,6 millones de dólares), diez más de lo previsto inicialmente, se han suprimido las ayudas estatales a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, según la ley aprobada en el Congreso Nacional.
Con estos recursos, se crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad destinado a los discapacitados, que será distribuido por el Tesoro General de la Nación (TGN) anualmente.
El Ejecutivo boliviano prevé elaborar un censo para determinar cuántas personas con discapacidad hay en el país y qué cantidad sería necesaria para cubrir los bonos de ayuda a este colectivo.
La opositora alianza Poder Democrático y Social (Podemos) cree que se necesitarán más de 40 millones de bolivianos para atender las demandas de los discapacitados.
En un ambiente de tensión y ante fuertes medidas de seguridad en los alrededores de la plaza Murillo, donde se ubica el Parlamento boliviano, apenas una decena de personas pudo acceder a las puertas del Congreso para seguir de cerca el desarrollo de la sesión parlamentaria.
Pese a la aprobación del fondo económico, los discapacitados aún mantienen sus medidas de presión a la espera de saber qué cantidad se le entregará a cada beneficiario y qué grado de minusvalía es necesario para obtener la ayuda, explicó a Efe Teclo Gonzales, representante del colectivo en la ciudad de La Paz.
Para el dirigente nacional de los discapacitados, Jaime Estívariz, ‘debería crearse un fondo destinado no sólo al bono de solidaridad, sino también a la creación de centros de reinserción laboral y social’.
Los discapacitados exigen que el Gobierno cumpla su promesa de otorgarles una ayuda anual de 3.000 pesos bolivianos (unos 423 dólares) y por ello han organizado concentraciones y marchas por todo el país desde hace más de un mes.
El momento más conflictivo se vivió el pasado viernes en Santa Cruz, cuando un grupo de discapacitados fue desalojado violentamente por la policía de las instalaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en esta ciudad.
Esta acción policial desencadenó una serie de enfrentamientos violentos en la ciudad entre policías y discapacitados, a los que se sumaron miembros de la radical Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y otros grupos de autonomistas que cercaron y atacaron el Comando de la Policía en Santa Cruz.
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