El ex director general de Juventud del PP e imputado por la trama de corrupción en Turisme Jove, Juan Francisco Gálvez, ha llevado al Govern a los tribunales por negarle un complemento en su sueldo como funcionario de la Administración autonómica que le supondría cobrar casi dos mil euros netos mensuales, cerca de un 85% más que en la actualidad.
Gálvez tiene en la actualidad una nómina ´mileurista´ -en torno a los 1.080 euros netos, según fuentes de la Comunidad Autónoma-, y reclama que se le reconozca el derecho a percibir un plus salarial de aproximadamente 900 euros más al mes, hasta su jubilación, por haber desempeñado cargos de responsabilidad política en el anterior Ejecutivo. Al haberle denegado su petición la actual consellera de Interior, María Ángeles Leciñena, por entender que incumple los requisitos legales para percibir el complemento en cuestión, Gálvez ha interpuesto un recurso ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, para hacer valer su reivindicación económica.
Es auxiliar administrativo
Gálvez aprobó hace años las oposiciones para una plaza de auxiliar administrativo en la Comunidad Autónoma. Al ocupar un puesto base en la escala funcionarial, percibía un sueldo en torno a los 840 euros al mes, según han informado las fuentes señaladas.
Con la llegada del PP al Govern en 2003, y al tratarse de un joven estrechamente vinculado a la cúpula del partido -fue coordinador de Nuevas Generaciones, la rama juvenil-, el entonces president Jaume Matas le designó para ser uno de sus cuatro secretarios personales. Gálvez tomó posesión de este cargo de máxima confianza el 16 de abril de 2004, si bien enseguida solicitó mantener la excedencia de la que gozaba como funcionario al desempeñar también responsabilidades políticas. En cualquier caso, el ascenso a mano derecha de Matas ya le supuso consolidar al máximo su categoría laboral, asegurándose una retribución mensual de unos 240 euros más sobre su sueldo base.
Ahora, jefe de negociado
El 31 de julio del año pasado Gálvez cesó como secretario personal del president -el socialista Francesc Antich ya ocupaba el Consolat de Mar-, y se le recolocó como jefe de negociado en el Ib-Salut, donde ejerce actualmente.
Seis días más tarde, Gálvez solicitó ante la nueva consellera de Interior que se le tuviera en cuenta el haber ocupado diversos altos cargos en el Govern entre 2003 y 2007 -gerente del consorcio de Turisme Jove, jefe de prensa de la ex consellera Rosa Puig (PP) y director general de Juventud-, para así poder cobrar el llamado "complemento 33" (en la jerga de los funcionarios), y que le supondría alrededor de 900 euros más al mes para toda su vida laboral. Tienen derecho a disfrutar de esta prebenda todos aquellos funcionarios que hayan sido consellers, directores generales del Govern o del Consell, así como los gerentes de las empresas públicas y altos cargos similares, durante tres años ininterrumpidos. El plus se calcula con la diferencia entre el sueldo base y el máximo cobrado por los directores generales de la Administración del Estado. En el caso de Gálvez, la elevada retribución se explica al estar en uno de los escalafones más bajos -auxiliar administrativo-.
El argumento legal que esgrime el Govern para haber desestimado su petición es que el puesto de jefe de prensa de Puig no da derecho al complemento en cuestión, al no considerarlo como alto cargo. Así pues, el actual Ejecutivo entiende que Gálvez no reúne los requisitos que exige la Ley de Función Pública de las islas Baleares para percibir el complemento salarial.
El ex director general rechaza esta tesis, y por ello ha recurrido a un abogado para interponer una demanda judicial, a la espera de que se le reconozcan sus derechos.
Cabe recordar que Juan Francisco Gálvez permanece en libertad con cargos tras haber sido detenido el jueves pasado por su implicación en el caso Turisme Jove.
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