El Departamento que dirige Carme Chacón subrayó en su escrito que ni Defensa ni el Ejército, ‘que es a quien compete esta función’, ‘emplean’ al personal encargado del servicio de alimentación de las tropas y que quien lo hace es la empresa o unión temporal de empresas contratada al efecto.
En el caso concreto de Afganistán, Defensa explicó que la empresa adjudicataria, Tecnoucal, ganó el concurso para la prestación del servicio y que el procedimiento fue tramitado al amparo del Real Decreto Legislativo 2/2000, el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Subrayó además que la nueva Ley de Contratos del Sector Públicos ‘no es de aplicación’ en el caso del servicio de alimentación en Afganistán por ser la norma posterior a la celebración del contrato y porque el propio texto excluye en uno de sus artículos que se aplique en ‘los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas’.
El Ministerio incidió en que ‘todos los trabajadores’ de la empresa Tecnoucal en Afganistán cuentan con contrato ‘según la legislación de su país de origen’, seguro médico y permiso de trabajo y que aseguró que así ‘consta en la documentación que la empresa remite al Ejército de Tierra’.
‘Es más, por motivos de seguridad, cualquier personal contratado para la Zona de Operaciones debe superar un control de seguridad, que realiza el personal militar capacitado y designado para ello, previo a su contratación. Una vez superado este control, para proceder a autorizar el pase de entrada en la Base se exige a la empresa el contrato correspondiente del trabajador. De manera que es imposible, por motivos de seguridad, que ningún trabajador pueda acceder a estas bases sin la previa existencia de un contrato laboral que la justifique’, afirmó.
El Departamento que dirige Carme Chacón respondió así a la información publicada este martes por el diario El Mundo, que asegura que ‘Defensa emplea inmigrantes sin contrato en sus bases afganas’. El rotativo informa en su edición en papel que los inmigrantes empleados en las bases españolas ‘a menudo no disponen de contrato ni seguro, trabajan diez horas al día y cobran un sueldo que oscila entre los 400 y los 670 euros al mes’.
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