Hacienda se enfrenta a un otoño ‘caliente’ con sus trabajadores, con la posible interposición de un conflicto colectivo apenas diez meses después de que ambas partes sellaran un acuerdo “histórico” en el seno de la Agencia Tributaria respecto al desarrollo de la carrera profesional y administrativa de su personal. Así lo calificaron entonces los sindicatos mayoritarios, que ahora se plantean recuperar la estrategia de movilizaciones de años anteriores ante la actitud de los responsables laborales del fisco, a quienes acusan de “dejadez”, “incompetencia”, “prepotencia”, incumplimiento de plazos sobre los compromisos ya pactados e incluso de “manipular” sus propias palabras.
Según CCOO, UGT, SIAT-USO y CSI-CSIF, no existe sólo un detonante de esta “crisis”, sino que han sido distintas las muestras de “falta de capacidad de diálogo” desde la Agencia Tributaria. Las últimas serían la adjudicación -a su juicio, “totalmente injusta”, porque se ha “menospreciado” el criterio de antigüedad- de una serie de plazas vacantes en el servicio de vigilancia aduanera, así como la realización de un concurso de provisión de puestos de trabajo reservado a los inspectores de Hacienda, del que se quejan tanto por su coste (1,1 millones de euros, según sus cuentas) como por no haber sido consultados sobre el mismo pese a que entienden que así se recogía en el acuerdo citado que firmaron el 14 de noviembre de 2007 Hacienda y los propios sindicatos, que incluso llegaron a elogiarlo como el mejor desde la creación de la Agencia en 1992.
Sin embargo, en la tesitura actual, los sindicatos han llegado a recurrir ante el propio secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en su calidad de presidente de la Agencia y debido a que sus relaciones con el director general de la misma, Luis Pedroche, no han sido precisamente las mejores en estos años. Pero dado el silencio obtenido hasta ahora en el Ministerio han acudido también a los distintos grupos parlamentarios, y asimismo contemplan en sus planes llegar hasta los tribunales, a través de los recursos contencioso-administrativos correspondientes en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Retribuciones
Desde la Administración, sin embargo, consideran que detrás de este malestar se encuentran, sobre todo, diferencias de orden retributivo que, en teoría, deberían haber sido resueltas con el acuerdo citado antes, que establecía por vez primera sendos sistemas de carrera horizontal y vertical. Los representantes de los trabajadores, por su parte, admiten entre líneas que el problema salarial es una de sus motivaciones -aunque no la única, insisten-, al afirmar en una carta enviada a principios de julio al Congreso de los Diputados que, pese a las “restricciones” anunciadas por el Gobierno para todos los funcionarios debido a la crisis económica (la oferta de nuevas plazas para 2009 se reducirá, en conjunto, un 80%) se crean puestos para un colectivo determinado, en alusión a los inspectores.
Acudieron a la sede parlamentaria porque allí se aprobó en noviembre de 2006, a través de la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la obligación de la Administración de mantener “un marco de diálogo con las diversas instancias representativas del personal”. El Gobierno sostiene que ya cumplió con ello y la “prueba” sería el famoso acuerdo -del que precisamente quedaron excluidos los inspectores de Hacienda y también el colectivo de técnicos financieros, en este caso por decisión suya-, así como los 22 millones de euros que se incluyeron en los Presupuestos Generales del Estado para 2008 a fin de garantizar el desarrollo de sus contenidos. Para los sindicatos, sin embargo, se ha hecho un “mal uso” de ese dinero e incluso llegan a hablar de una “sangría” económica por parte de la cúpula tributaria.
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