La escalada de la conflictividad laboral representa otra de las múltiples consecuencias de la crisis económica. Hasta la fecha, José Luis Rodríguez Zapatero es el único presidente del Gobierno de la democracia española que no ha sufridos en sus carnes los efectos de una huelga general.
Sin embargo, el progresivo deterioro de la coyuntura ha multiplicado las hostilidades. De hecho, el número de horas de trabajo perdidas en la Comunidad Valenciana se multiplicó por doce en junio, hasta alcanzar las 332.824, de acuerdo con el informe sobre conflictividad laboral que elabora periódicamente la CEOE.
En la misma línea, la cifra de trabajadores implicados se triplicó, ya que un total de 4.414 operarios se vieron involucrados en huelgas y paros.
Según el documento elaborado por la patronal española, las causas de las discrepancias han sido variadas, aunque todas ellas están marcadas por el denominador común de la crisis económica.
La más llamativa de todas fue la convocada por los transportistas. El encarecimiento del precio del petróleo y de la energía en general propició un paro que vació mercados y dejó a las gasolineras sin suministro las primeras semanas del mes de junio.
Finalmente, el Gobierno central alcanzó un acuerdo en precario que logró frenar las protestas. Sin embargo, más allá de un aspecto coyuntural, como la subida del precio del barril de petróleo, los cimientos resquebrajados de la economía española aparecen como la principal motivación de los conflictos.
Así, cuatro de cada diez huelgas fueron convocadas para presionar sobre las negociaciones de convenios o protestar contra la ruptura de las mismas. La situación se hizo más evidente en Castellón, donde el conflicto del sector del azulejo disparó el número de horas de trabajo perdidas.
Otra de las causas de la beligerancia laboral tuvo que ver con la reivindicación de incrementos salariales, independientemente del convenio.
La escalada de la inflación, en niveles históricamente altos, por encima del 5 por ciento, ha mermado la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Además, pone contra las cuerdas a las empresas, en los casos donde la cláusula de revisión de los sueldos es de obligada aplicación.
De hecho, en el primer trimestre del año, los costes salariales se incrementaron un 5,8 por ciento en la Comunidad, de acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, el sueldo de los trabajadores valencianos -con una media de 1.505 euros mensuales- continúa muy por debajo de la media del conjunto estatal, donde alcanza los 1.689 euros.
Si los empleados que mantienen el empleo recurren a las huelgas para mejorar sus condiciones, peor lo tienen aquellos que sufren las consecuencias de algún Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Las protestas por estos procedimientos, que se han disparado en los últimos meses derivados de la crisis, están en el origen del 2 por ciento de las huelgas convocadas. Sin embargo, las malas perspectivas sobre el mercado laboral, que podrían disparar la tasa de paro por encima del 14 por ciento en 2009, según el servicio de estudios económicos del BBVA, amenazan con disparar los conflictos colectivos en las empresas.
Hasta la fecha, los sectores más afectados por las huelgas han sido los transportes y comunicaciones, metal, otras industrias manufactureras, extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados-industrias químicas; agricultura, ganadería y pesca, así como otros servicios.
Mientras, las empresas públicas tampoco escapan a los conflictos laborales. El caso más flagrante lo representan los maquinistas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), quienes mantienen desde hace ya ocho meses el pulso hacia la dirección de la mercantil.
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