Esta avalancha de solicitudes, la mayoría de latinoamericanos y subsaharianos, tiene su explicación en el progresivo aumento de la población inmigrante que se ha asentado en la ciudad en la última década por motivos laborales, y en el proceso de regularización que se inició a finales de 2004, según explica la responsable del Registro Civil, María Pérez Ruiz, jueza de Primera Instancia 4.
La medida de regularización, adoptada por el Gobierno central, no sólo ha servido para legalizar la situación de miles de inmigrantes y hacer aflorar gran parte de la economía sumergida de la ciudad, también ha provocado un impacto en el empleo y los servicios sociales y un mayor volumen de trabajo en determinados organismos oficiales donde la dotación de medios no ha sido proporcional al incremento de la población extranjera. Es el caso del Registro Civil, dependiente del Juzgado de Primera Instancia 4 de Marbella, que se encuentra al límite de sus posibilidades, siendo el órgano judicial que mayor número de procedimientos registra al cabo del año, similar al de algunos juzgados de la capital.
La primera gran oleada de subsaharianos, sobre todo, marroquíes y senegaleses, desembarcaron hace una década en Marbella a raíz del ‘boom’ de la construcción y el sector servicios en un momento de bonanza económica y de un mercado laboral que necesitaba mano de obra barata y de forma urgente. Es ahora, pasados esos diez años de residencia legal -requisito mínimo para las personas de origen magrebí-, cuando pueden solicitar la nacionalidad.
En el caso de los latinoamericanos, gracias a los convenios de colaboración internacionales, son dos años de residencia, sin perder su nacionalidad de origen. En su mayoría argentinos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos que llegaron hace un par de años a Marbella atraídos por su potencial económico, huyendo de las crisis de sus países de origen. Los ciudadanos de Europa del Este son el tercer grupo más numeroso en cuanto a peticiones de nacionalidad se refiere. En su caso no existe, como en los latinoamericanos, una fuerte vinculación, histórica, lingüística y cultural con España, pero sí una necesidad imperiosidad de huir de la pobreza. Entre ellos destacan por número los rumanos. El grupo más minoritario lo forman los exiliados, refugiados políticos y los apátridas, casos excepcionales donde el tiempo de residencia exigido por ley es considerablemente menor.
Estabilidad familiar
Hamido Ahmed, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Marbella, que engloba a seis colectivos de distintas procedencias, sostiene que este aumento de las solicitudes no responde a una necesidad laboral o económica, sino más bien por la ‘tranquilidad’ que les da saber que sus hijos sí serán ciudadanos de pleno derecho. La jueza María Pérez asegura que España, a diferencia de otros países europeos y quizás por su tradición de país de emigrantes, tiene un sistema ‘bastante garantista’ para los extranjeros. ‘Marbella se ha convertido en una gran torre de Babel. Ser o no ser español sigue teniendo importancia para muchos trámites legales y económicos de ahí que muchos inmigrantes soliciten la nacionalidad en cuanto su tiempo de residencia se lo permite’, apunta.
El matrimonio sigue siendo la vía más rápida para conseguir la nacionalidad. A los años de residencia, que llega hasta diez en el caso de los marroquíes, se le suman los dos años mínimo de tramitación. A pesar de la espera cada más inmigrantes quieren ser españoles de pleno derecho.
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