El principal objetivo que se marcó José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó al Gobierno en el 2004 fue impulsar un cambio de modelo en el crecimiento económico. Es decir, enfocar la actividad hacia productos de alto valor añadido. Sin embargo desde hace cuatro años los presupuestos asignados al Forcem para mejorar la formación profesional de los trabajadores no se ejecutan en su totalidad.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a preguntas del diputado de CiU Carles Campuzano, entre los años 2004 y 2007 el Estado ha dejado sin ejecutar 837,7 millones de euros del presupuesto previsto para formación. Esto representa el 17,5% de los presupuestos que le fueron asignados para este periodo. Este dinero pasó íntegramente a reducir el déficit público y por lo tanto, la deuda del Estado.
Los datos facilitados por la propia Administración indican que entre el 2004 y el 2007, ambos incluidos, el Forcem tuvo que gestionar un presupuesto de 4.790,2 millones de euros. Sin embargo, sólo se ejecutaron 3.952,5 millones.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, del presupuesto aprobado se transfirieron a las autonomías 1.213 millones, que representan cerca del 31%. Catalunya recibió para la formación de sus trabajadores 227 millones, que representan un 18% del total presupuestado.
Según el diputado de CiU Carles Campuzano los datos ponen de manifiesto que el Gobierno central ha sido absolutamente incapaz de gestionar con eficacia la formación profesional. "Esta situación es especialmente grave en el periodo de crisis en que se encuentra la economía". En su opinión, los datos indican que el problema de la formación en España no es una cuestión de falta de recursos, sino de capacidad de gestión para atender la elevada demanda de cursos que reclaman los trabajadores, y que actualmente se sitúan en torno al millón y medio de participantes. De estos un 20% son trabajadores mayores de 45 años.
Campuzano argumenta que en la medida en que se ha producido una fuerte destrucción de empleo en la construcción "sería fundamental ampliar los cursos de formación para que los trabajadores que están siendo expulsados de este sector encuentren trabajo en otras actividades". Y añade que difícilmente el Gobierno puede aspirar a incrementar la inversión en investigación y desarrollo cuando después estos recursos no se emplean con eficacia o no hay capacidad para gestionarlos.
CiU considera que esta denuncia es especialmente grave si se tiene en cuenta que hay diversas sentencias del Tribunal Constitucional afirmando que son las autonomías las instituciones competentes para administrar los recursos destinados a la formación continua de los trabajadores. Estos recursos proceden de una parte de las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores. Por tanto, no es comprensible que el Estado utilice unos recursos que no proceden de los presupuestos generales del Estado para ahorrar, cuando es una de las partidas prioritarias para impulsar la salida de la crisis, junto a la innovación. CiU prevé presentar a partir de septiembre una serie de iniciativas para reformar el sistema y reclama a la Generalitat que exija la transferencia de los recursos no gastados.
MARIANO GUINDAL
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