Las empleadas de hogar necesitan una mejora urgente en sus condiciones laborales, pero el proceso para lograrlo se retrasa respecto a lo previsto. Más de un año lleva el Gobierno con la idea de eliminar el régimen especial que las regula y que mantiene anacronismos como la posibilidad de cobrar hasta un 45% de su salario en especie (alojamiento, comida…). El Ministerio de Trabajo se propone acelerar este proceso en septiembre, con negociaciones que impliquen a las patronales del sector, los sindicatos y las ONG.
El ministro Celestino Corbacho pretende cambiar cuanto antes la norma sobre empleo doméstico, según explica el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. La idea principal consiste en fomentar la figura del intermediario, es decir, que las familias recurran a empresas especializadas para contratar a las empleadas, en lugar de hacerlo directamente. De esta forma, argumenta Granado, afloraría mucho empleo sumergido, pues con el régimen actual, las familias sólo están obligadas a pagar a la Seguridad Social si precisan el servicio más de 20 horas a la semana. Si el límite es menor o si la trabajadora acude a varios hogares -lo más habitual-, es ella quien cotiza.
El régimen especial del hogar cuenta en la actualidad con 283.705 cotizantes, según los datos de la Seguridad Social relativos a julio. Pero la cifra de quienes trabajan en la sombra es muy superior, según los expertos. Al menos 600.000 personas se dedican en total a estas labores, la mayoría mujeres y extranjeras. Se trata de un segmento creciente, pues la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral acrecienta la necesidad de ayuda externa.
La idea de fomentar el trabajo a través de intermediarios conlleva un riesgo fundamental para las trabajadoras: percibir un sueldo aún menor del que tienen ahora, pues la empresa intermediaria se lleva un margen. "Hay que hacerlo bien para evitar situaciones dramáticas de explotación", admite el secretario de Estado de Seguridad Social. La principal ventaja es que podrían acogerse al régimen general -con la posibilidad de estar dadas de alta aunque trabajen pocas horas- y cotizar por una base mayor, que en la actualidad es la correspondiente al salario mínimo. Las empleadas de hogar (o las familias que las contratan, según el caso) pagan una cuota de 153,98 euros al mes. Sus condiciones laborales permiten jornadas de nueve horas diarias, vacaciones fraccionadas y contratos verbales, aspectos que no se aplican al resto de trabajadores.
Los sindicatos, en principio, son partidarios de integrar a las trabajadoras del hogar en empresas, aunque todo dependerá de las condiciones que el Gobierno ofrezca. El diálogo arrancará en septiembre, con la idea de que el nuevo modelo esté listo para el año próximo.
LUCÍA ABELLÁN
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