El departamento, dependiente del Ministerio del Interior, respondió así al Sindicato Unión Federal de Policía (UFP), que le acusa de incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por "no contar con el informe de los delegados de prevención de Seguridad y Salud Laboral de la Policía" cada vez que el Ministerio compra material para el uso de los agentes.
Asimismo, el sindicato aseguró que la ley exige que los sindicatos aprueben todas las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía, un trámite que, según el UFP, no se ha respetado. Por todo ello, el sindicato anunció el jueves que había interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General.
Según explicó la Dirección General, la comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial se reunió en junio para aprobar la implantación de los nuevos uniformes y se creó un cuestionario para que los funcionarios indicaran "su opinión sobre las camisas, pantalones, gorra y botas entregadas en prueba".
Más adelante, el 4 de julio, se volvió a reunir para analizar dichas encuestas y proponer la aprobación de los nuevos uniformes. Según la Dirección General, a esta reunión "no acudieron las organizaciones sindicales" y los presentes aprobaron los nuevos uniformes para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
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