El Sindicato Unión Federal de Policía (UFP) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Dirección General de Policía por incumplimiento de la Ley Prevención de Riesgos Laborales, al no ‘contar con el informe de los delegados de prevención de Seguridad y Salud Laboral de la Policía’ cada vez que el Ministerio del Interior compra material para el uso de los agentes.
El sindicato asegura que no se ha respetado el trámite preceptivo previo según esta Ley 31/95, por la que habría que aprobar todas las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), como de la licitación pública de adquisición, suministro y/o fabricación de cualquier herramienta de trabajo, maquinaria, equipos de protección individual, uniformidad o cualquier otro elemento que pudiera afectar a la seguridad y salud de los agentes.
Esta acción se produce tras la desestimación el pasado 3 de julio por parte de la Dirección General de la Policía de otros recursos de Alzada que la plataforma sindical presentó contra las resoluciones de la Subdirección, de fechas 11, 22 y 23 de julio, en el mismo sentido.
El secretario provincial de Madrid de UFP, Alfredo Perdiguero, explicó a Europa Press que los agentes ‘están hartos de que no les escuchen’ y destacó que es la primera vez que un sindicato interpone una denuncia de este tipo, fechada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de julio, contra la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior.
Perdiguero acusó por ello a la Dirección General de ‘incumplir de forma taxativa el mandato’, que también viene establecido directamente en el Real Decreto 2/2006 de Prevención de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía.
Igualmente, añadió que ‘el colmo’ que la desestimación especifique que el CNP no está sujeto a la Ley 31/95, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia el 12 de enero de 2006 en la que condenó al Reino de España por ‘incumplimiento de la aplicación de las medidas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, al excluir a la Policía y Fuerzas Armadas’, teniendo que pagar hasta las costas de la sentencia.
El portavoz sindical argumentó que si la Dirección hubiera consultado a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral de la Policía ha provocado se hubiera evitado el ‘despilfarro’ y las ‘problemas’ en la adquisición de vehículos y material.
CAMISAS QUE DESTIÑEN Y CASCOS SIN GARANTÍA
Concretamente, criticó que los últimos vehículos de la Policía Nacional comprados hace un año presentan ‘deficiencias’, ya que, ‘se ha tenido que retirar la mayoría de los asientos, ya que eran inseguros e incómodos’. Además, Perdiguero criticó que Interior comprara a los agentes 10.000 camisas hace unos meses ‘que no transpiran y que destiñen y se vuelven marrones a los tres lavados’ y 50.000 pares de botas ‘que todavía están en los almacenes porque no agarran el pie’.
Asimismo, denunció que la Dirección comprara cascos blancos a los policías ‘que luego mandó pintar, perdiendo por tanto la garantía de los mismo’ y mostró su ‘incomprensión’ por la falta de cascos entre el personal de policía a caballo.
Por todo ello, el sindicato pidió además medidas cautelares, que ‘deben de consistir en la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones recurridas’.
‘Es de suma importancia la sustanciación del presente recurso por la vía de urgencia, dadas las consecuencias y efectos que la ejecutividad de los actos administrativos impugnados están provocando en el colectivo de funcionarios del CNP por afectar la materia objeto de debate a la salud de los funcionarios de dicho colectivo mencionado’, explicó el sindicato.
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