En declaraciones a Europa Press, Botello recordó que a mediados de julio los servicios jurídicos de Satse interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el SAS y la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social por una "vulneración de los derechos fundamentales", al entender que por su condición de minusvalía "se le impide trabajar en centros hospitalarios".
Tras dicha denuncia, recordó que el propio SAS ya declaró el pasado 16 de julio "que en los siguiente días a esta fecha se comprometía a resolver la situación de esta enfermera minusválida", tal y como apuntaron a Europa Press fuentes de la propia Administración sanitaria. Pese a dicho compromiso, Botello reprochó que "a día de hoy sigue sin resolverse su situación".
En cualquier caso, la dirigente sindical señaló que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ya ha iniciado el procedimiento de este caso por una presunta vulneración de derechos fundamentales.
En concreto, Satse sustenta su escrito de denuncia en la expedición, por parte de la Delegación de Igualdad y a "instancias" de los responsables de la Bolsa de Contratación de Sevilla del SAS, de un certificado emitido en mayo de 2008 "que sin comunicación alguna ni evaluación médica a la afectada" considera a la misma "no apta para trabajar en el ámbito hospitalario".
Frente a este certificado de mayo de 2008, el recurso presentado por Satse el pasado 11 de julio, y al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que con fecha de 17 de abril de 2006 la Delegación Provincial de Igualdad emitió un primer certificado a petición de la propia afectada, en el que se recogía que su minusvalía "sólo le impide desarrollar su labor en servicios de UCI e infecciosos, estando capacitada para desarrollar el resto de funciones".
Además, en dicho primer informe se le reconocía la posibilidad de "no permanecer en bipedestación –de pie– durante períodos prolongados por dolor lumbar".
Igualmente, y frente al certificado de 2008, el recurso de Satse argumenta que dicha enfermera ha venido trabajando "hasta la fecha y sin problema alguno" en varios hospitales, rechazando "únicamente" los contratos que se le ofertaban precisamente para los servicios de UCI e infecciosos, "tal y como recomendaba su certificado de minusvalía de abril de 2006".
Satse, que resaltó que esta profesional tiene reconocida una minusvalía del 80 por ciento debido a un triple transplante renal, detalló que la citada enfermera se encuentra inscrita en la bolsa provincial de contratación de Sevilla desde mayo de 2006.
Sin embargo, advierte en su denuncia que a finales de mayo de 2008 los responsables de la bolsa de contratación le comunican que, en base a un nuevo certificado de capacitación expedido por la Delegación Provincial de Igualdad, "puede trabajar en atención primaria pero no en los hospitales".
Dicha certificación se expide "sin comunicación ni autorización de la afectada, sin ninguna evaluación médica y sin que en ella conste qué informes o datos se sustenta para llegar a la conclusión que prohíbe a la enfermera trabajar en centros cerrados, ya que jamás una certificación de capacitación se pronuncia sobre centros de trabajo sino sobre puestos concretos", alega el recurso de Satse.
Ante tal extremo, ha procedido a presentar un recurso contencioso-administrativo por una presunta vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, que recoge la no discriminación; así como de los artículos 35, que contempla el derecho social y fundamental al trabajo; y el 49, que garantiza la protección de los sectores más desfavorecidos.
RECURSO DE ALZADA CONTRA IGUALDAD
También con fecha de entrada a 11 de julio, los servicios jurídicos de Satse han presentado un recurso de alzada a la Delegación de Igualdad impugnando la certificación que elaboró, al entender que "no responden" a la realidad y por haberse realizado "sin consentimiento de la interesada".
Asimismo, entiende que el contenido del mencionado certificado "no se ajusta" a las aptitudes laborales de la enfermera, además de que adolece "de informe médico alguno" en el que pudiera apoyarse.
Por último, Satse ha tramitado también la correspondiente queja al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, por la actuación administrativa realizada por el SAS y la Delegación de Igualdad ante las "posibles infracciones legales" que se hayan cometido en este caso. Dicha queja ha sido ya admitida a trámite por la Oficina del Defensor, que ha solicitado todos los informes necesarios para investigar los hechos denunciados.
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