El responsable valenciano explicó, tras la rueda de prensa posterior al Consell, que la iniciativa incluye el denominado ‘Compromiso de Integración’ en el que la Generalitat "pondrá a disposición de los inmigrantes un programa de conocimiento y de comprensión de nuestra sociedad, de sus valores y de las reglas de convivencia, de todo lo que constituye en estos momentos el acerbo político, cultural, lingüístico y social de la Comunitat".
Además, aseguró que no habrá ninguna ventaja ni "desventaja" para quien acepte realizar esos "compromisos de integración". "Se tratará, de una manifestación de voluntad de sumarse a ese compromiso de integración", dijo.
Rambla apuntó que la Generalitat diseñará planes de integración que "favorecerán la formación mediadores interculturales que serán "pieza clave" en este proyecto. "Estoy convencido que la Ley tendrá un profundo calado social" y "permitirá una más y mejor integración de los inmigrantes en la sociedad valenciana".
Por otro lado, apuntó que el texto legislativo cuenta con el respaldo legal "unánime" del Comité Económico y Social, así como del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Asimismo la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía "también ha recogido las sugerencias realizadas desde diferentes entidades y asociaciones".
De esta manera, el Consell, a través de esta iniciativa legislativa, fija el modelo de integración como un proceso en "doble dirección", que "presupone tanto la voluntad de los inmigrantes de integrarse en la sociedad de acogida y su responsabilidad a la hora de llevar esta voluntad a la práctica, como la voluntad de la sociedad de acogida de aceptar e incluir a los inmigrantes".
Con este proceso se pretende que los inmigrantes, procedentes de un ámbito cultural y geográfico diverso, adquieran las "capacidades indispensables para poder relacionarse con la sociedad valenciana" de acogida y sus instituciones, en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.
La Generalitat valenciana señala que la integración supone "hacer partícipes a todos de los valores, principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en el resto del ordenamiento jurídico a cuyo respeto y cumplimiento están todos obligados".
La Ley abarca un conjunto de derechos y medidas sociales de carácter transversal que son competencia de la Generalitat (sanidad, educación, vivienda, atención a mujeres, menores, etc) para garantizar la plena ciudadanía a todos los inmigrantes residentes en la Comunitat. Por ello el Consell incluirá en el proyecto de Ley de presupuestos de la Generalitat una partida específica destinada a la integración de los inmigrantes.
Según apuntaron, esta iniciativa responde, por un lado, al aumento de la población extranjera en la Comunitat y, por otro, al interés del Consell por impulsar iniciativas que derivan de las directivas europeas en materia de integración.
Al respecto, apuntaron que desde el año 2000, la población extranjera se ha incrementado en un 369 por ciento. Con más de 830.000 inmigrantes, esto es el 16,7 por ciento del total de la población, la Comunitat es la segunda autonomía en cifras porcentuales en número de inmigrantes.
DESARROLLO REGLAMENTARIO
El programa se desarrollará reglamentariamente (contenido, fases y duración) y contará con el apoyo y la implicación de municipios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y otras entidades o asociaciones de interés general.
A través de la Ley se garantiza el acceso de los menores inmigrantes a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria en las mismas condiciones que a los menores españoles. Los inmigrantes escolarizados deben aceptar las normas establecidas de carácter general y las de convivencia de los centros educativos en los que se integren, si bien tienen derecho a que se respeten sus ideas y creencias, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
Además los poderes públicos de la Comunitat facilitarán a los inmigrantes que deseen retornar a su país de origen el apoyo, información y las ayudas establecidas en esta Ley, siempre propiciando el acuerdo con el Gobierno de España. El Consell se compromete a informar sobre los derechos que el inmigrante haya podido generar en España en materia de pensiones u otras cuestiones semejantes.
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