El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, nueve reales decretos que incluyen los primeros 35 certificados de profesionalidad, que son las acreditaciones de las competencias profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral.
Según explicó el Ministerio de Trabajo en un comunicado, estos certificados y su formación asociada tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento, basada en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la cohesión y la inserción laboral.
Se trata, por tanto, de proporcionar a los trabajadores la formación requerida por el sistema productivo y acercar los certificados a la realidad del mercado laboral, ya que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en el primer trimestre de 2008 alcanzó los veinte millones, y 13 de ellos no tienen cualificación inicial reconocida.
Estos certificados, cuya expedición corresponde a la Administración competente, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, pueden constituirse como un instrumento de acreditación de competencias para el desarrollo de una actividad laboral al que se podrían presentar, potencialmente, hasta 9 millones de trabajadores.
Según explicó el Ministerio, los certificados se obtienen, por una parte, tras superar todos los módulos formativos que integran el certificado de profesionalidad y, por otra, mediante los procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
De los 35 certificados, un total de diez afectan a la hostelería y turismo, doce al sector agrario, tres a imagen personal, dos a la familia profesional de la química, dos a energía y agua, dos a servicios socioculturales y a la comunidad, dos al comercio y marketing, uno a la madera, mueble y corcho y uno a imagen y sonido.
Para seleccionarlos, se ha tenido en cuenta la incidencia económica de estos sectores productivos en el mercado laboral, la demanda de trabajadores cualificados y la ausencia de oferta formativa, o bien que dicha oferta no responda a las necesidades reales del mercado laboral.
Asimismo, se ha observado el surgimiento de actividades laborales ligadas a la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como la aparición de actividades laborales ligadas a la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y el establecimiento de formación asociada a actividades laborales relacionadas con el desarrollo sostenible del medio ambiente, el patrimonio natural y la biodiversidad.
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