El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Juan Rosell, recuperó ayer una de sus reivindicaciones más espinosas: la reforma del empleo público. Esta vez no se limitó a cuestionar la abundancia de funcionarios en algunas autonomías, sino que lanzó una carga de profundidad al plantear la equiparación de los empleados públicos con los trabajadores de empresas privadas.
Rosell justificó la retirada del blindaje del personal de las administraciones al considerar injusto que tengan tantas ventajas, incluida la seguridad del puesto, en comparación con otros muchos trabajadores como los temporales. "No puede ser que haya muchos trabajadores con pocos derechos y otros con muchos. Es una cuestión de justicia", afirmó el máximo dirigente de la gran patronal catalana.
REFORMA GRADUAL
A su juicio, la reforma de la función pública no puede realizarse "de un día para otro, sino que ha de ser gradual". En su anterior andanada contra el empleo público, Rosell aseguró que sobraban unos 150.000 funcionarios de la Administración central que se habían quedado sin tarea por los traspasos a las autonomías. Esta vez, se limitó a proponer una especie de auditoría para "analizar la gestión y las posibilidades de mejora".
Según un informe de Foment, Catalunya es la comunidad con menos personal en las administraciones, 3,98 por cada 100 habitantes, seguida de Valencia (4,5), Baleares y Euskadi (5). En el otro extremo, Extremadura, con 8,5; Madrid, 6,8; Castilla y León y Aragón, 6,7; Castilla-La Mancha, 6,5, y Canarias, con 6,2.
Para Rosell, la desproporción entre comunidades significa que a Catalunya la faltan 124.000 funcionarios para llegar a la media española o que al conjunto del país le sobran 781.000 para situarse en el nivel de las administraciones catalanas. "Los datos están ahí", dijo respecto a la correlación entre funcionarios y financiación autonómica.
Los empleados públicos pasaron de 2,1 millones en 1998 a 2,5 millones en el 2007. El descenso en 267.345 funcionarios de la Administración central fue superado ampliamente con un aumento de 623.072 en las autonomías, 98.355 en los ayuntamientos y 11.600 en las universidades.
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