La Junta de Extremadura y los agentes sociales de la región elaborarán un documento que servirá de base para la redacción de una futura ley que servirá para garantizar un subsidio básico a todos los ciudadanos que no cuenten con otro tipo de ingresos.
Esta medida está contemplada en el nuevo Pacto de Política Social, rubricado ayer por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y por los agentes socioeconómicos de Extremadura y supone un paso "importante" para que el principio de "prosperidad compartida", sobre el que se sustenta el progreso social, sea "realmente compartido".
El jefe del Ejecutivo regional, quien anunció ayer esta medida, recordó que, a pesar de que garantizar unos renta básica para los ciudadanos que no tienen otros ingresos ha sido un "debate histórico" en el Parlamento extremeño, esta la "primera vez" que esa intención se "pone por escrito".
Vara explicó que la elaboración de este documento, "una de las grandes aportaciones" del Pacto de Política Social, permitirá que tanto la administración como los agentes implicados analicen la estructura de esa futura ley y determinen qué gastos supondrá su desarrollo. En todo caso, subrayó que lo que se persigue con la redacción de este borrador es "garantizar que en el futuro nadie tenga limitaciones para acceder a cualquier cuestión básica".
El presidente del Gobierno regional hizo estas declaraciones ayer en una rueda de prensa que se celebró en Mérida tras la firma de los pactos de Política Social e Inmigración. Durante este acto, Vara estuvo acompañado por los secretarios generales de CCOO y de UGT de Extremadura, Julián Carretero y Miguel Bernal, respectivamente; el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex), Antonio Masa; y el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (Fempex), Ramón Díaz.
"INSTRUMENTOS BÁSICOS DE IGUALDAD"
El Pacto de Política Social está definido por el interés de la Junta de Extremadura por la educación, la sanidad y las políticas sociales que, en general, son para la administración los "instrumentos básicos" sobre los que asienta el principio de igualdad, que permite realizar una "solidaria redistribución de la riqueza".
En esta línea, y partiendo del objetivo de "mejorar" la calidad de vida de los ciudadanos, este acuerdo establece distintas líneas de actuación, en base a las que se desarrollarán medidas específicas y consensuadas que den respuesta a las "nuevas necesidades" sociales de la región.
Partiendo de esta consideración se contemplan, entre otras, iniciativas para propiciar la inclusión social. Así, el pacto contempla la elaboración del II Plan de Inclusión Social de Extremadura, que estará en vigor entre 2008 y 2011, cuyas líneas de actuación persiguen "elevar" el estado de bienestar de los colectivos con especiales dificultades.
Además, el acuerdo prevé el desarrollo de un Proyecto de Ley para la Recuperación de Barrios Desfavorecidos, en cuyo diseño participarán los ayuntamientos extremeños, para asegurar su futura implicación "efectiva" en su puesta en marcha. El pacto incluye también la implantación del Plan Extremeño para la Promoción y Participación del Pueblo Gitano, con el que se pretende "ganar un espacio para la convivencia" y el "respeto de las diferencias culturales".
El Pacto de Política Social, en su capítulo de Servicios Sociales, priorizará la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales de Extremadura, que, después de 20 años de su entrada en vigor, quedará renovada para "adaptarse" a las nueva realidad regional. Esta ley recogerá las orientaciones de los distintos planes que afecten a los servicios sociales, con especial atención a los colectivos vulnerables.
APOYO A LAS FAMILIAS
En el apartado de Infancia y Familia, este pacto contempla la redacción y desarrollo de un plan de integral de apoyo a las familias extremeñas que tendrá como finalidad articular, de una manera transversal, las actuaciones de las consejerías implicadas en su ejecución, a través de un marco orientador que definirá las líneas concretas de actuación.
Al respecto, se impulsará el desarrollo de programas y nuevos recursos con la búsqueda de una financiación "sostenible" y la participación y apoyo de los agentes sociales; así mismo, se elaborará una nueva Ley Autonómica de Atención a la Infancia, en consonancia con los cambios producidos en el Sistema de Protección, y se promoverá el "buen trato" a los niños, fomentando la detección y notificación de la violencia familiar mediante actividades en distintos niveles de intervención.
La mujer también tiene un apartado específico dentro de este pacto. En su beneficio, se diseñarán actuaciones dirigidas a paliar las desigualdades de las mujeres en situación de especial dificultad, a través de la coordinación de las instituciones y de los recursos destinados a este colectivo. Además, se combatirá la violencia de género, mediante el desarrollo de estrategias globales orquestadas en torno a la prevención, la atención integral a las víctimas, el amparo de sus hijos y la rehabilitación de los maltratadores.
En el capítulo de Juventud, el pacto contempla la inclusión en el nuevo Plan de Juventud de Extremadura de medidas específicas para los colectivos con riesgo de inclusión social, en la línea de mejorar la calidad del empleo joven.
Por otro lado, el pacto incluye la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda y Suelo de Extremadura, para el período 2009-2012, en el que la vertiente social será la "principal" característica, de forma que esté encaminado a dar respuesta a las necesidades que plantean los ciudadanos
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