En una comparecencia pública en el consistorio, ha afirmado que su compañera de partido le comentó en una ocasión ‘que quería la alcaldía’ y se ha mostrado convencido de que presentó la denuncia contra él en un juzgado de Antequera para sustituirle al frente del Ayuntamiento.
Sánchez Lavado no se considera culpable de los hechos que se le imputan y ha lamentado que se le haya sentenciado antes de que la Justicia dictamine si es culpable o no con declaraciones como las del presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, que le acusó de cometer un delito contra la libertad sexual de su compañera.
Por su parte, el abogado del alcalde, Miguel González, ha informado de que presentaron el pasado 24 de julio en el mismo juzgado de Antequera una denuncia por injurias, calumnias y amenazas condicionadas contra Josefa Torres y ha afirmado que ‘a día de hoy’ no han recibido notificación de la denuncia que puso la teniente de alcalde.
Asegura que Torres ejerció un ‘abuso de poder que desembocó en continuas irregularidades internas dentro del Ayuntamiento’, por lo que le comunicó que podía peligrar su puesto de trabajo y ante ello, la edil popular amenazó, según dice, con que su objetivo era conseguir la alcaldía y que podía utilizar unas grabaciones de ambos ‘que guardaba hace años muy comprometedoras’.
Josefa Torres presentó el pasado jueves en el juzgado una denuncia contra el regidor por un total de siete supuestos hechos: violación consumada, amenazas, vejaciones, acoso laboral, acoso sexual, intento de violación y coacciones, por lo que el PP tramita la expulsión de sus filas de Sánchez Lavado.
Actualmente, el regidor se encuentra de baja por ansiedad y el puesto de alcalde accidental lo ocupa su hijo Miguel Ángel, y durante la intervención ante los medios de comunicación se ha preguntado por quién le ha otorgado ‘la potestad a Ramírez para asegurar que yo soy culpable y Pepi (Josefa Torres) inocente’.
Visiblemente emocionado ante su esposa e hijos, el edil ha reconocido que ‘se dejó llevar por las emociones’, que creyó ‘en una persona que ha intentado destruir a su familia’ y que se siente culpable de cometer ‘la equivocación del engaño’, por lo que ha pedido perdón públicamente.
Ha manifestado que existe un ‘complot político’ por parte de la familia de Torres, de la oposición y de su propio partido, que mantiene su intención de expulsar a Sánchez Lavado.
Asimismo, ha remitido un escrito al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP en el que demanda la intervención del partido frente a los pronunciamientos públicos llevados a cabo por Joaquín Ramírez, y donde pide que se suspenda el procedimiento sancionador de expulsión iniciado ‘hasta que medie sentencia judicial’ por los hechos.
Explica el escrito facilitado a los medios que considera la expulsión como ‘improcedente’, porque no se le ha permitido defenderse de las ‘falsas y graves acusaciones recibidas’, y dice que ha recibido un trato ‘absolutamente discriminatorio’ respecto a otros compañeros del PP.
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