A las empresas de la construcción se les puede sumar un nuevo escollo este verano si en un mes no acreditan sus planes de prevención de riesgos laborales en un registro público creado por primera vez en Andalucía para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. El plazo límite es el 26 de agosto. Si a esa fecha una promotora o subcontrata no acredita ningún plan de salud laboral, no podrá desarrollar su actividad, es decir, tendrá que paralizar las obras que ejecute. Esto supone el freno a los nuevos proyectos y promociones.
El registro se puso en marcha el pasado 25 de junio y desde entonces sólo se han inscrito 138 compañías, lo que representa apenas el cinco por ciento del total en la provincia. Además de promotoras y subcontratas, las empresas que desplacen a sus trabajadores extranjeros para prestar servicios en Málaga deberán certificar ante la delegación de Empleo las iniciativas sobre seguridad.
Para formar parte de este registro público los empresarios deberán presentar la escritura de poder notarial de la sociedad, el plan de prevención y un programa de formación de los trabajadores en la labor que desempeñan. En caso de que los servicios de salud laboral correspondan a empresas contratadas, será necesario certificarlos.
Esta normativa prevé la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración con las organizaciones empresariales más representativas del sector para facilitar la tramitación de las solicitudes de inscripción.
Con esta iniciativa, la Consejería de Empleo pretende garantizar la Ley estatal de Subcontratación en la construcción, que entró en vigor el pasado 19 de abril. A través de este marco legal se quiere acabar con la alta tasa de siniestralidad en el sector y las muertes en el trabajo.
Medidas. La normativa exige a aquellas empresas que quieran subcontratar, tener una organización productiva propia, contar con los medios materiales y humanos necesarios y asumir los riesgos y obligaciones de la actividad. También se les obliga a contar con un 30 por ciento de trabajadores fijos en sus plantillas en el plazo de dos años. Para otoño, deberá disponer de al menos el 10 por ciento del personal indefinido.
El delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, subraya la importancia de esta medida gradual que va a "contrarrestar la precariedad en los tajos", como una herramienta "real y efectiva" para luchar contra la siniestralidad en el sector de la construcción.
Por otra parte, el incumplimiento de las medidas de prevención en riesgos laborales implica la tramitación de un expediente sancionador, así como multas que van desde los 30 y 1.500 euros en las infracciones leves, hasta los 600.000 euros en los casos muy graves.
Asimismo, la Inspección de Trabajo realiza visitas periódicas en los centros de trabajo y obras. También los sindicatos pueden denunciar ante la Fiscalía situaciones de riesgo para el trabajador, que se tramitan ya como delitos que castigan con penas de cárcel, además de una indemnización.
De hecho, en lo que va de año nueve personas han perdido la vida en la provincia malagueña, cinco de las cuales trabajaban en una obra. No obstante, continúan las campañas de concienciación que promocionan diferentes medidas con el objetivo de mejorar la formación de los trabajadores y empresarios al respecto.
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