La propuesta de directiva comunitaria para castigar con sanciones penales a los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares encalló durante la reunión de ayer de ministros del Interior de la UE por la oposición de Alemania y otros seis países –Finlandia, Países Bajos, República Checa, Hungría, Polonia y Suecia–, que consideran que son los Estados miembros los que deben decidir el tipo de penas que imponen y no la Unión Europea.
Un gran número de países rechazó también que la norma imponga un objetivo obligatorio de inspecciones en al menos el 5% de las empresas para detectar la presencia de irregulares y subrayaron que lo importante no es el número sino la calidad de estas inspecciones.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se situó en el bando de los Estados miembros que apoyaron sin fisuras la norma, al igual que el resto de países del sur de la UE que reciben más presión migratoria. "Siempre he creído que el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota, y por lo tanto creo que esta propuesta va en la dirección adecuada de sancionar a aquel que se aprovecha de las condiciones humanas de un inmigrante que va a otro país irregularmente", dijo Corbacho durante su intervención en el debate.
Señaló que España deberá modificar su legislación cuando trasponga la directiva porque en la actualidad el Código Penal no prevé que las sanciones penales puedan aplicarse a personas jurídicas, como una empresa, sino únicamente a personas físicas. "Es voluntad de España trabajar en esa dirección para hacerlo posible", señaló. También respaldo que se marque un objetivo mínimo de inspecciones porque "no hay una garantía de una inmigración regular y legal si no hay inspección".
Por su parte, el ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, actuó como líder del grupo de países que rechazan las sanciones penales. A su juicio, "no está justificado" establecer normas mínimas en la UE sobre sanciones penales a los empresarios porque "hay otras posibilidades de luchar contra la inmigración ilegal". Schäuble también rechazó el objetivo del 5% de inspecciones (que la presidencia francesa ha propuesto como compromiso, en lugar del 10% contemplado en la propuesta original de la Comisión) porque "lo importante no es el número de los controles sino su calidad".
A continuación intervino la ministra finlandesa, Astrid Thors, que presentó una propuesta alternativa que no obligaría a los Estados miembros a aplicar sanciones penales a los empresarios que contraten a irregulares sino que les dejaría plena libertad para que escojan el tipo de sanciones, ya sea penales, ya sea simplemente administrativas. El resto de países que rechazan el texto de la Comisión se sumaron a iniciativa finlandesa.
Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, explicó que su país ya ha introducido sanciones penales contra los empresarios para tratar de atajar el trabajo irregular en la construcción y la agricultura pero los resultados "no han sido tan positivos como esperábamos". Aseguró que las inspecciones son un sistema "más eficaz" que las sanciones penales, pero pese a ello respaldó la propuesta de directiva.
El representante griego, Prokopis Pavlopoulos, explicó que en su país las sanciones penales se introdujeron en el año 2005 y destacó que la directiva es imprescindible para luchar contra la trata de seres humanos. A su juicio, es necesario enviar un "mensaje moral" y para ello no se puede castigar la inmigración ilegal "a través de canales meramente administrativos". También Portugal apoyó la propuesta de directiva.
Al término del debate, tanto el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, como el ministro francés de Inmigración y presidente de turno del Consejo, Brice Hortefeux, admitieron que probablemente la solución para desbloquear esta directiva será dejar en manos de los Estados miembros el tipo de sanción que se aplica, penal o administrativa, tal y como propone Finlandia.
Hortefeux apeló a la "subsidiariedad en la determinación de las sanciones", combinando "sanciones penales y administrativas". También admitió que la mayoría de Estados miembros apuestan por mejorar la calidad de las inspecciones y no quieren fijar un objetivo cuantitativo.
Las sanciones previstas en la propuesta inicial de la Comisión para los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares en los casos menos graves eran: multas, que incluirán los gastos de repatriación de los trabajadores ilegales; el pago de los salarios, impuestos y cotizaciones a la seguridad social pendientes; y otras medidas administrativas como la exclusión del beneficio de subvenciones –incluidos los fondos de la UE– durante un periodo que puede llegar a cinco años y la prohibición de participar en licitaciones públicas también durante 5 años.
Para los casos más graves, el proyecto de directiva exigía instaurar sanciones penales, aunque no precisaba ni el importe mínimo de las multas ni de las sanciones penales y lo dejaba en manos de los Estados miembros. Los casos considerados más graves eran: tres infracciones en dos años; la contratación de al menos cuatro ilegales; las condiciones de trabajo especialmente abusivas; y las situaciones en las que el empleador sepa que el trabajador es víctima de la trata de seres humanos.
TARJETA AZUL
Los ministros del Interior debatieron además a puerta cerrada sobre la propuesta de la Comisión de crear una ‘tarjeta azul’ para facilitar la entrada de inmigrantes altamente cualificados. Y tampoco en este caso se lograron acercar posturas en cuanto a qué criterios utilizar para definir qué es un inmigrante altamente cualificado. Corbacho dijo que para España lo más importante es que tenga una formación superior de cuatro años de duración.
El ministro de Trabajo reclamó además un sistema para evitar que la ‘tarjeta azul’ fomente la fuga de cerebros en los países más pobres. Resaltó que si un país pobre ha hecho un esfuerzo para formar a sus ciudadanos, la UE no puede "traerlos y no devolverle una parte o devolverle el esfuerzo que han hecho sobre el tema de la formación". "De no hacerlo así cabría decir que estamos condenando a esos países a estar permanentemente en el subdesarrollo", dijo.
Finalmente, los Veintisiete confirmaron su apoyo al Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa y que ya se debatió en la reunión informal de Cannes a principios de julio. Durante los próximos meses se acabarán de cerrar los últimos detalles de redacción para darle su aprobación definitiva durante la cumbre de líderes europeos de octubre.
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