El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, calificó ayer de "positiva" la aprobación por parte de la Comisión Europeo de destinar 10,5 millones de euros del Fondo de Adaptación a la Globalización para ayudar a recolocar a los 1.521 trabajadores afectados por el cierre de la planta de piezas de coche de Delphi en Puerto Real (Cádiz) y a otras 68 personas despedidas en las factorías de sus proveedores.
Si bien, en declaraciones a Europa Press, Fernández resaltó la diferencia de criterio entre la Unión Europea (UE) y la Junta de Andalucía a la hora de definir a los trabajadores afectados por el cierre de Delphi, ya que la UE no comprende fondos para los eventuales al registrar "sólo a los fijos y a los trabajadores fijos de los proveedores".
Asimismo, aclaró que este fondo a pesar de ser "la cantidad más grande que el fondo ha concedido" en un caso así, "no es suficiente para buscar trabajo y planes sociales a más de 1.800 trabajadores".
Fernández destacó que tras un año de gestiones la Unión Europea ha validado el trabajo de la Junta de Andalucía, el guión de los objetivos de formación, por lo que "viene a dar sustento a una acción que ya se está ejecutando desde hace un año".
"El programa presentado por la Junta por el que los trabajadores son objeto de un tratamiento especial vinculado con la formación y con el itinerario personalizado para encontrar empleo ha sido objeto de un análisis positivo por parte de la Comisión Europea", subrayó Fernández.
España recibirá esta financiación en un solo plazo cuando se obtenga el visto bueno de la Eurocámara y de los Veintisiete, según informó el Ejecutivo comunitario a través de un comunicado. La portavoz de Política Regional, Eva Kaluzynska, dijo que espera que las dos autoridades presupuestarias aprueben la ayuda "lo antes posible" y destacó que hasta ahora nunca han rechazado ninguna petición de Bruselas.
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, dijo que la ayuda a los trabajadores de Delphi es un "excelente ejemplo" de por qué se creó el Fondo de Adaptación a la Globalización. "La globalización de la producción y el comercio es beneficiosa para muchos, pero hemos de ayudar a aquellos para los que ésta tiene un impacto menos positivo", resaltó Spidla en un comunicado.
La multinacional estadounidense anunció en febrero de 2007 el cierre de su factoría de Puerto Real y decidió trasladar la producción a Tánger porque ofrece mano de obra más barata, ventajas fiscales y la proximidad de las materias primas, según recordó la Comisión. "Es un claro ejemplo de la tendencia existente en la industria automovilística europea de trasladar su actividad a terceros países con costes de producción más bajos, con el correspondiente incremento de las importaciones a la UE y una reducción del empleo en este sector", resaltó el Ejecutivo comunitario.
España presentó en octubre de 2007 una solicitud de ayudas por valor de 15 millones de euros que se refiere a 1.521 despidos en la factoría de Delphi y a 68 despidos en las plantas de sus proveedores. La Comisión ha aprobado conceder una subvención algo inferior, de 10,5 millones de euros.
El Fondo de Ajuste a la Globalización se creó en 2006 para ayudar a las personas que han perdido sus empleos debido al impacto de la globalización o de deslocalizaciones de empresas fuera de la UE. Se aplica en casos de despido de más de 1.000 trabajadores de una empresa o de un sector regional, producidos a raíz de importantes cambios estructurales en el comercio mundial que impliquen un incremento sustancial de las importaciones o un descenso destacado en las cuotas de mercado de la UE. Las subvenciones se dedican sobre todo a formación de los trabajadores para recolocarlos en otros sectores.
Hasta el momento, el Fondo ha recibido doce solicitudes. La petición relativa a Delphi es la séptima que aprueba la Comisión para remitirla a los Veintisiete y a la Eurocámara. Las otras seis ya han recibido todo el importe concedido (un total de 21,71 millones de euros para ayudar a 6.910 trabajadores). Es la cuarta solicitud relacionada con el sector del automóvil. Actualmente, Bruselas evalúa otras cinco demandas procedentes de Italia y Lituania.
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