El secretario de Salud Laboral de CCOO en Andalucía, Francisco Ferrero, advirtió hoy de que de mantenerse la media actual de accidentes mortales en Andalucía el año 2008 se cerraría con más de 230 muertes en el puesto de trabajo e ‘in itinere’, lo que supondría superar la cifra de 2007 en más de 30 muertes de trabajadores.
En un comunicado, el sindicato señaló que según sus datos hasta junio de 2008 se han producido un total de 116 accidentes mortales, más de 20 que en el mismo periodo del año anterior. De esta manera, Ferrero indicó que la actual tendencia de la siniestralidad en Andalucía "no invita precisamente al optimismo", sino que "debe hacer plantear seriamente cómo se está luchando contra esta lacra".
Apuntó que estas cifras son "una auténtica sangría" y "un drama laboral y social" para Andalucía que "indica que las cosas no se están haciendo todo lo bien que se debería". En este sentido, el sindicalista señaló que "lo peor es que la gran mayoría de estas muertes se podrían haber evitado con el simple cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos".
"Andalucía jamás podrá considerarse como una sociedad avanzada y moderna con estas cifras de accidentes laborales mortales", afirmó el secretario de Salud Laboral de CCOO-A.
Ante esta tendencia, CCOO-A instó a los empresarios a asumir su responsabilidad en la prevención de riesgos laborales y que cumplan con la legalidad vigente. En este sentido, Ferrero insistió en recordar que los empresarios "son los primeros y únicos responsables de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo, proporcionándoles todas las medidas de prevención necesarias para desarrollar su actividad de manera segura".
De igual forma, el sindicato exigió medidas urgentes a las administraciones encaminadas a dotar "de una vez por todas" a la Inspección de Trabajo de los recursos humanos y técnicos necesarios para detectar situaciones de incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Por último, CCOO-A destacó que seguirá reclamando que se dote con recursos suficientes, tanto a la Fiscalía como al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, para que puedan desarrollar sus funciones de una manera "rápida y eficaz".
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