Comisiones Obreras (CC.OO.) de Cataluña advirtió ayer de que no firmará el Pacto Nacional sobre Inmigración si se siguen recortando los derechos fundamentales de los inmigrantes, y exigió a la Generalitat catalana que se pronuncie "claramente" en contra de medidas que eliminan el derecho a vivir en familia o tratan a los inmigrantes como "máquinas de producir".
"No estamos dispuestos a firmar ningún pacto o papel que después se quede en humo", avisó el secretario de Inmigración del sindicato en Cataluña, Ghassan Saliba, que emplazó al Gobierno a no seguir la línea del Gobierno central, que "culpa a la inmigración de la crisis económica".
Saliba criticó la política actual de la Generalitat por ir en contra del Plan Estratégico de Integración Social, que aprobó el Gobierno central en 2007, y lamentó que la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, apoyara la eliminación del reagrupamiento familiar y el derecho a vivir en familia.
"El Gobierno catalán tiene que aclarar si está al lado del ministro Celestino Corbacho o apuesta por la cohesión social o la convivencia", resaltó. El secretario calificó la política del Gobierno de "regresiva", apuntando a la figura del ministro de Trabajo, que "fomenta la xenofobia con un lenguaje preocupante". "No se puede exigir a las personas que se integren cuando no se les da el paso más importante para la integración, que es poder vivir con su familia", añadió.
"Quieren inmigrantes para cuidar a la gente mayor aquí, pero no se les permite que cuiden a sus propios padres", comentó. Saliba destacó también que los trabajadores inmigrantes son deshumanizados y tratados como "máquinas de usar y tirar".
Además hizo referencia a la "fantasmada" del voto municipal para los inmigrantes, que consideró una medida restrictiva y una "cortina de humo". Según Saliba, la propuesta está basada en la reciprocidad, por la que sólo podrán votar en España aquellas personas de países en los que los españoles residentes también tengan derecho a voto, mediante un convenio entre ambos estados. En este sentido, acusó al Gobierno de crear ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, según si los inmigrantes tienen o no derecho a sufragio.
Saliba se opuso a la Directiva Europea aprobada por el Parlamento Europeo, considerándola un retroceso en los derechos humanos, ya que "no se puede privar de la libertad a una persona que no ha cometido ningún delito, sólo una falta administrativa".
Lamentó el apoyo del gobierno español a la directiva, que pese a "querer aplicarla a dosis, deja la puerta abierta a que futuros gobiernos la desarrollen completamente", y rechazó las medidas del gobierno para retornar a los trabajadores inmigrantes en situación de paro y las propuestas para modificar la ley de extranjería.
Sin embargo, celebró que el número de mujeres inmigrantes que han acudido a sus oficinas creció en el último semestre, y destacó que la cifra de inmigrantes irregulares descendió de un 43% a un 39%, cosa que relacionó al hecho de que "cada vez hay menos gente inmigrante y al mismo tiempo más mecanismos de regularización". Además indicó que "en contra de los que dice Corbacho", el reagrupamiento familiar bajó un 4%.
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