La Consellería de Traballo y la Fiscalía de Galicia ratificaron ayer la ampliación del protocolo de coordinación para la investigación de los delitos contra la vida, salud e integridad de los trabajadores, que como novedad otorga a la Policía Judicial "un papel clave en la persecución de conductas de riesgo".
Así lo explicó ayer el titular de Traballo, Ricardo Varela, quien avanzó que su departamento pondrá a disposición del Ministerio Fiscal y de la Policía Judicial el personal técnico necesario para colaborar en las actividades formativas que se programen para completar los conocimientos de sus efectivos sobre investigación de los delitos contra la vida, salud e integridad física de los trabajadores.
Por su parte, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, consideró que hasta ahora faltaba en el protocolo una "actuación decidida" en relación con las situaciones de peligro para los trabajadores a consecuencia de la omisión de la puesta en marcha de medidas de prevención de riesgos laborales.
En ese sentido, Carlos Varela destacó que a partir de ahora no sólo habrá intervención de las fuerzas de seguridad en los delitos de accidente, sino también en las situaciones de riesgo que pudiesen provocarlo, una potestad que ya existía pero cuyas aplicaciones "se contaban con los dedos de una mano". "Queremos que las situaciones de riesgo afloren", enfatizó.
El conselleiro de Traballo coincidió en que este tipo de actuaciones "se producían con poca intensidad", a pesar de que están recogidas en el Código Penal, que en su artículo 316 establece que "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses".
INICIATIVA EN POSITIVO
Ricardo Varela quiso dejar claro que "este tipo de actuaciones no van en contra de ningún colectivo", sino contra "aquellos que incumplen sus obligaciones", de tal forma que se busca salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores.
"No pretendemos criminalizar las relaciones laborales", concordó el fiscal superior de Galicia, que insistió en que la mayoría del empresariado tiene un comportamiento ejemplar en materia de prevención de riesgos y en que la medida sólo se dirige a aquellos que no cumplen la normativa vigente.
Con la firma de esta ampliación, tanto Xunta como Fiscalía pretenden completar la cooperación y coordinación para garantizar la defensa y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, para lo cual el texto establece las pautas que se deben seguir siempre que se produzca un accidente laboral.
Así, primero se elabora un atestado en el que deberán constar numerosos datos de implicados, lugar, empresa, etc. A continuación esta información se remite con carácter urgente a la autoridad laboral para que realice una visita de inspección y efectúe diligencias.
Posteriormente, Inspección de Trabajo remitirá al Ministerio Fiscal el acta de infracción, siempre que dé lugar a una propuesta de sanción de carácter grave o muy grave. Además, en el proceso de investigación y tramitación, el Ministerio Fiscal podrá contar con el apoyo técnico de los órganos competentes en seguridad y salud laboral de la Consellería de Traballo.
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