Los marroquíes lideran la lista de beneficiarios, seguidos de ecuatorianos, rumanos y colombianos. Uno de cada diez desempleados que cobra el paro es extranjero, es decir, casi 169.000 personas. Los gastos totales por prestaciones el pasado mes de mayo ascendieron a 1.535 millones, un 31% más.
El creciente desempleo que registra nuestro país desde que comenzó la desaceleración económica se está cebando con los inmigrantes. Un dato ilustra la situación de muchos de los extranjeros que vinieron a España en busca de trabajo y que, casi de la noche a la mañana, se han quedado sin él: el número de beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo el pasado mes de mayo fue de 168.748, lo que representa un 85,4 por ciento más que en el mismo periodo de 2007. Un incremento que es todavía superior en los beneficiarios procedentes de países no comunitarios (85,6 por ciento).
La última Encuesta de Población Activa (EPA), del pasado abril, anticipó la tendencia que iba a seguir el paro entre la población inmigrante. Según este estudio, el desempleo creció en 149.600 personas entre los españoles y en 97.000 entre los extranjeros en el primer trimestre. La tasa de paro de los últimos era del 14,65 por ciento (casi 6 puntos por encima de la de los españoles).
Se han duplicado en dos años
En cuanto a las prestaciones por desempleo, los datos de mayo de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) indican que los beneficiarios extranjeros representan el 10,3 por ciento del total. Un porcentaje que dobla el registrado sólo dos años antes: en mayo de 2006 los beneficiarios extranjeros representaban el 4,8 por ciento del total.
El ranking por nacionalidades de parados que reciben el subsidio lo encabezan los marroquíes, que son casi 40.000 y representan el 23,65 del total de beneficiarios extranjeros. Los siguen los ecuatorianos, con 22.700 y el 13,45 por ciento; los rumanos, que son 16.500 y el 9,79 por ciento, y los colombianos, con 12.200 beneficiarios (7,25 por ciento).
Estos datos contrastan con el último padrón facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero de este año, que revelaba que los rumanos son ya la primera comunidad inmigrante en España, con 728.967 nacionales (201.948 empadronados en 2007, un 38,3 por ciento más). Se situaban así por primera vez delante de los marroquíes, con 644.688.
Suponen el 9,5% del total
El gasto de las prestaciones de los beneficiarios extranjeros ha ascendido a 145,5 millones de euros, lo que significa un incremento del 96,8 por ciento sobre el mismo mes de 2007. El gasto total de los subsidios en mayo fue de 1.535 millones de euros (un 30,8 por ciento más que el año anterior), por lo que las prestaciones de los inmigrantes suponen el 9,5 por ciento del total.
Sin embargo, a pesar de que los datos de las listas del paro reflejan que, proporcionalmente, la población activa inmigrante es la más afectada por la desaceleración económica, la EPA del primer trimestre del año mostraba que el número de ocupados españoles había bajado en 128.700 de enero a marzo y, por el contrario, los ocupados extranjeros aumentaron en 54.100. En este periodo de 2008, el 14,42 por ciento del total de ocupados era de nacionalidad extranjera.
Los expertos consultados explican este dato en que los trabajadores extranjeros están más sujetos a contratos temporales y, a la vez, son más flexibles de cara a aceptar empleos en ciudades diferentes a donde tienen establecida la residencia.
La reacción del Gobierno
En cualquier caso, el aumento imparable del paro entre la población inmigrante, y muy especialmente en el sector de la construcción, ha llevado al Gobierno a tomar una serie de medidas. La primera es el plan de recolocación de parados, que cuenta con una dotación de 201 millones de euros y que tendrá una duración de un año, aunque, según el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se puede prorrogar.
El ministro baraja otras opciones, como facilitar la marcha a sus países de origen a los inmigrantes en dificultades, a los que pagarían las prestaciones por desempleo a las que tuvieran derecho. Según Corbacho, esta medida afectaría a unas 20.000 personas.
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