El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Igualdad financiarán con 4,5 millones de euros un nuevo Centro de Acogida, Formación y Empleo para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género en un solar propiedad de la Fundación José María de Llanos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.
En virtud de un convenio de colaboración firmado hoy por la ministra Bibiana Aído, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente de la Fundación, Laurentino de Miguel, será posible la creación de este centro, situado en la calle Martos y donde se acogerá, asesorará y formará a mujeres víctimas de malos tratos.
Así, el Ministerio aportará hasta tres millones de aquí a 2009 para la construcción y puesta en funcionamiento del centro, al que además facilitará todo el asesoramiento técnico necesario para garantizar la plena adecuación del proyecto a los requerimientos de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Por su parte, el Consistorio subvencionará con un millón y medio el centro, y además trasladará a la Fundación las prescripciones genéricas utilizadas para la construcción de este tipo de instalaciones. Por su parte, la Fundación José María de Llanos aportará la parcela de 1.400 metros cuadrados donde se ubicará el complejo y destinará el inmueble a este fin al menos durante los próximos 30 años.
TRES INSTALACIONES EN UNA
El nuevo centro de Entrevías, que se construirá entre 2009 y 2011, constará de tres zonas. Por una parte, un centro residencial con entre 18 y 20 apartamentos donde las mujeres podrán vivir, también con sus hijos si los tuvieran, en un "ambiente familiar y cerca de otras mujeres con los mismos problemas", explicó De Miguel. Esta zona tendrá espacios comunes que ofrecerán servicios como ludoteca, salas multiusos o biblioteca.
Además, existirá un módulo de atención integral en formato de Centro de Día donde se dará orientación personalizada de tipo psicosocial y jurídico, y donde se realizarán actividades de convivencia, cooperación y autoayuda. "La Fundación invertirá buena parte de sus mejores recursos humanos en este centro para luchar por conseguir la igualdad y la dignidad de las mujeres", apostilló el presidente de la misma.
También se garantizará un seguimiento médico y psiquiátrico en un nivel de atención básica, y se desarrollarán actividades de ocio y tiempo libre en el campo deportivo, lúdico-recreativo, relacionado con el medio natural, con la lectura o con la música, así como con la creatividad, el estudio o la informática.
Por último, existirá también un espacio formativo y profesional, y se fomentará la inserción laboral, para lo cual se dará trabajo retribuido a las residentes en la Escuela de Hostelería del Sur y en un pequeño centro de convenciones y congresos. Todo se completará con la escuela infantil cercana al recinto, donde los niños de las mujeres podrán asistir a clase.
PRIORIDAD DEL GOBIERNO
La ministra Aído resaltó durante el acto que "la lucha contra la violencia de género son una prioridad del Gobierno, que considera esta lacra social como un problema de Estado", y subrayó que "durante el último año se ha conseguido dar una mayor visualización al problema, haciendo que la sociedad democrática se dé cuenta de su existencia y asumiendo que la única solución es que los poderes públicos y la sociedad civil estén con las víctimas y rechacen la violencia y a quienes la ejercen".
"El objeto de este convenio es hacer efectivos los derechos que están recogidos en la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, y lo que se busca es sensibilizar a la sociedad y prevenir los casos de violencia, por un lado, y proteger a las víctimas, por otro", explicó la titular de Igualdad, añadiendo que el Gobierno "no estará satisfecho mientras una sola mujer muera por este motivo".
Asimismo, recordó que el año pasado, el Ministerio ya subvencionó con 154.000 euros el proyecto de diseño del edificio que hoy se ha presentado.
POLÍTICA PIONERA
Por su parte, Gallardón incidió en que "el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en la Administración española que, hasta el momento, ha desarrollado la política más avanzada de igualdad, con un carácter que bien se puede considerar pionero".
Dentro de esta política, destacó el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, vigente hasta 2009 y cuyos objetivos son la formación y sensibilización, el empleo y la conciliación, y la lucha contra la violencia.
Además, se refirió a la red municipal de atención a las mujeres, que dispone de servicios permanentes y especializados que atienden durante 24 horas y que en 2007 atendió aproximadamente a unas 1.200 mujeres; y a los Centros de Emergencia y de Estancia Breve o Media, donde las víctimas que carecen de recursos pueden permanecer hasta que consiguen su autonomía económica y personal, y donde el año pasado se alojaron 400 personas.
"Pero no es suficiente, porque sabemos que estas mujeres requieren un respaldo que no puede terminar en el momento de resolver una emergencia. Muchas necesitan además formación, empleo y apoyo psicológico", continuó Gallardón, concluyendo con que "hay tareas cuya complejidad es tan grande como imperiosa es su satisfacción, y en ésta de defender a las mujeres de la violencia no hay esfuerzo que deba demorarse ni diferencia política que pueda justificar una falta de entendimiento".
Al acto acudieron, junto a los ya mencionados, la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa; la concejala de Puente de Vallecas, Eva Durán; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, los concejales socialistas Pablo García-Rojo, Ángeles Álvarez, Noelia Martínez y Carmen Sánchez-Carazo, así como el secretario general del PSM, Tomás Gómez, la portavoz parlamentaria socialista, Maru Menéndez, y la ex ministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández.
Mientras, a las puertas del recinto protestaban algunos miembros de la asociación Projusticia, cuyo presidente, Francisco Zugasti, explicó que pedían "que el Ministerio de Igualdad sea realmente de igualdad" y que reclamaban a Aído que "no base sus políticas en datos falsos sobre maltratos". "A nosotros nos han quitado nuestros bienes, a nuestros hijos y hasta nuestra dignidad", concluyó el portavoz de este colectivo, que critica la discriminación positiva que algunas políticas promueven contra los padres divorciados.
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