Otro de los datos incluidos en el informe es que a partir del año 2005 se empiezan a ocupar más del 50% del total de plazas reservadas. En concreto, de las 244 plazas reservadas en 2005, aprobaron 122 aspirantes; en 2006, de las 284 plazas reservadas, 160 aprobaron, y en 2007, de las 318 plazas reservadas, aprobaron 167 candidatos a ellas.
De las 590 personas con discapacidad aprobadas en el periodo 2003-2005, el 92,54% accedieron a cuerpos y escalas cuyos procesos selectivos corresponden al Ministerio de Administraciones Públicas.
El número de personas con discapacidad que ingresan en la Administración General del Estado (AGE) está desigualmente repartido, siendo el grupo D (personal oficial y auxiliar de la Administración) el que cuenta con el mayor porcentaje. El 67,4% de los aprobados en los años 2003 a 2007 corresponden a este grupo, mientras que el 3,57% de los trabajadores con discapacidad que ingresaron en la Administración lo hicieron en el grupo A.
Según declaró el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, los datos incluidos en el informe "indican una tendencia positiva, aunque aún modesta". A su juicio, la aprobación en 2004 del nuevo decreto regulador del acceso al empleo público, acordado con el CERMI, ha tenido estos efectos favorables, "ya que se ha comprobado que tiene cierto éxito y se va cumpliendo la cuota".
No obstante, añadió Pérez Bueno, "son datos no muy relevantes, porque no llegan a 200 personas, y hay que seguir haciendo un esfuerzo para aumentar la cuota del 5 al 7 por ciento, tal y como prometió en Gobierno en campaña electoral, y hay que buscar una forma para hacer efectivo que las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar en la Administración".
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