La Fiscalía de Guipúzcoa pide penas que suman cuatro años de cárcel para un empresario guipuzcoano acusado de emplear verbalmente a inmigrantes latinoamericanos en situación irregular, sin hacerles un contrato ni proporcionarles las medidas de seguridad necesarias para su trabajo.
Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, en mayo de 2006 el acusado ‘contrató verbalmente’ a un ciudadano venezolano y a otro boliviano que se encontraban en situación irregular, sin permiso de trabajo ni residencia legal, para que realizaran diferentes labores para su empresa de construcción y reformas.
El texto del fiscal explica que el empresario era ‘perfecto conocedor’ de la situación irregular de ambos trabajadores, a quienes encargó trabajos de desescombro y albañilería sin formalizar ningún contrato por escrito.
Presuntamente, el procesado no concretó el período durante el que los inmigrantes iban a desempeñar estos cometidos ni les dio de alta en la Seguridad Social, lo que impidió que los afectados ‘gozasen de las prestaciones por desempleo, jubilación o enfermedad a las que tenían derecho como trabajadores por cuenta ajena’.
El inculpado pagaba a sus víctimas nueve euros por hora y les hacía trabajar ocho horas diarias, en ocasiones también los sábados, sin que el procesado les abonara ‘el importe estipulado en el convenio colectivo del sector para las horas extraordinarias’ y sin derecho a vacaciones.
Durante el tiempo en el que los obreros trabajaron para el imputado, ambos ‘sufrieron lesiones o accidentes que les obligaron a permanecer sin trabajar’, períodos durante los que ‘no percibieron salario ni compensación económica alguna’.
En noviembre de 2006, el empresario contrató a otro ciudadano boliviano, que a pesar de residir legalmente en nuestro país carecía de permiso de trabajo, y le sometió a las mismas condiciones laborales que a sus otros dos compañeros.
El escrito de la Fiscalía precisa que, durante todo el tiempo en el que los trabajadores desempeñaron labores para la empresa del acusado, éste ‘no les proporcionó utensilios ni medidas de seguridad, equipos de trabajo adecuados, ni formación alguna en materia de seguridad y salud laboral’, con lo que puso ‘en peligro la vida e integridad física’ de los operarios.
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