Las residencias de ancianos de Gipuzkoa se enfrentan a un grave problema: requieren de forma urgente personal para atender a un número de usuarios que crece sin parar. La situación es delicada todo el año, pero en los meses de verano, durante las vacaciones del personal de plantilla, llega a ser extrema.
Los responsables de los geriátricos, en los que residen 4.500 guipuzcoanos, han tenido que recurrir a la contratación de inmigrantes para suplir esta escasez de trabajadores. Es más, anuncian que esta tendencia seguirá en el futuro y proponen la contratación de origen, para evitar la economía sumergida.
Esta es una de las conclusiones recogidas en el documento elaborado tras unas jornadas profesionales desarrolladas el mes pasado en San Sebastián, organizadas por la Fundación Zorroaga y el Gobierno Vasco. Gerentes de residencias, responsables sindicales y cargos políticos se reunieron para analizar la situación laboral en el sector y su repercusión en la atención a los residentes.
El documento de conclusiones pone negro sobre blanco la existencia de graves problemas en el sector, carencias que desde las instancias oficiales se suelen minimizar, cuando no negar
El documento indica que es ‘ineludible’ abrir el debate sobre la situación de los trabajadores, dado que ‘la calidad del servicio está unida a unas condiciones laborales adecuadas’.
El diagnóstico no puede ser más preocupante. ‘Los centros se enfrentan a serios problemas para cubrir las plantillas durante los meses del año. En los periodos vacacionales, las situaciones se vuelven límite’.
El documento añade que la demanda de profesionales aumenta debido a la apertura de nuevos centros, al incremento del número de ancianos dependientes y a la existencia de una normativa que conlleva elevar el ratio de cuidadores.
Como consecuencia de esta realidad, el informe señala que cada vez es mayor la presencia de inmigrantes en el sector. El documento añade que hasta ahora esta presencia era habitual en la realización de cuidados informales en los domicilios, pero empieza a extenderse a los geriátricos. ‘Todo parece indicar – señala el texto- que caminamos en la misma dirección que otras comunidades autónomas en las que el porcentaje de trabajadores inmigrantes es ya muy elevado’. Los expertos concluyen que ‘el recurso a la contratación de trabajadores inmigrantes es obligado’.
Los responsables guipuzcoanos de atención a la tercera edad proponen que la contratación se realice en origen. De esta forma, se pretende evitar ‘la existencia de más economía sumergida, más competencia desleal entre empresas y más desregulación de las condiciones laborales’
Ante esta situación, los profesionales alertan del reto al que se enfrentan los servicios sociales para lograr que sea compatible la profesionalización y la inmigración. También advierten que no se podrá garantizar que los usuarios se puedan comunicar en euskera con sus cuidadores, ante la dificultad de contratar personal bilingüe. ‘Parece obvio – señalan- que no va a ser posible mantener y mejorar la calidad de la atención a los residentes si no encontramos trabajadores con la formación adecuada o que sean capaces de comunicarse en la lengua que cada ciudadano elija’.
La dificultad para encontrar trabajadores autóctonos se deriva, según se desprende del documento, de unas condiciones laborales poco atractivas. El informe indica que el primer convenio de residencias de Gipuzkoa, en vigor hasta el próximo año, ‘ha supuesto un gran avance’, ya que mejora las condiciones de los trabajadores, al tiempo que establece un marco de referencia claro para la administración, las empresas y los usuarios.
El texto añade que la gran mayoría de entidades del sector social ejerce su actividad como proveedora de servicios para las administraciones públicas. Por tanto, según los profesionales del sector, ‘la única posibilidad de seguir mejorando las condiciones laborales está unida a un aumento de la financiación pública. Este es el único modo, aseguran, de competir con otros sectores laborales más desarrollados y que generan un mayor atractivo para los trabajadores’.
El informe señala que debe existir un equilibrio entre los niveles salariales de los trabajadores de categorías profesionales similares, independientemente del sector al que pertenezcan. En este sentido, se considera necesario no incrementar las diferencias actuales entre los empleados de los servicios sociales y otros sectores. Los profesionales añaden que se deben desarrollar iniciativas que hagan posible la conciliación de la vida familiar y laboral, junto con otras medidas de tiempo parcial para ‘fidelizar a los trabajadores’ en sus empleos.
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