Los sindicatos UGT y CCOO se unieron ayer por primera vez en la protesta por la externalización de los servicios administrativos en los colegios públicos de la región, para lo que reclamaron la convocatoria de la mesa general y amenazaron, a su vez, con futuras movilizaciones.
En rueda de prensa, informaron al respecto la secretaria regional de la Federación Sindical de la Administración Pública (FSAP) de CCOO, Carmen López; la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos (FSP-UGT), Carmen Campoy; y el secretario regional de la Federación Estatal Sectorial (FETE-UGT), Lorenzo Prado.
Ambos sindicatos acusaron a la Administración regional de llevar a cabo una externalización de las tareas administrativas en 139 colegios públicos de infantil y primaria de Castilla-La Mancha. Así, según apuntó Campoy, el Diario Oficial de la región ha publicado el manifiesto de la Consejería de Educación y Ciencia donde promulgaba la solicitación por concurso abierto, para lograr la externalización "de tareas dignas de funcionarios".
Este hecho, advirtió Campoy, dará como resultado unas condiciones laborales "precarias para los trabajadores contratados por una determinada empresa, que comprenderán jornadas de 470 horas, a diferencia de las 1.554 horas de un funcionario en el total del curso, y que no trabajaran todos los días", resaltó la representante de FSAP en la región.
El trabajo se realizará en días alternos, con una jornada de cinco horas, por lo que es una prestación cuyo coste presupuestario es de 11,21 euros por hora, "de los que tras el descuento de los gastos de contratación y diversas gestiones, el trabajador recibirá el 50 por ciento".
A pesar de las protestas, Campoy señaló que "no se habla en contra de los trabajadores, sino de que ellos, a raíz de estas contratación, están exentos de ofrecer unos datos que a los funcionarios de los centros se les exige".
Asimismo, mencionó la formación que estos empleados recibirán, que se reducen, "de forma inexplicable" a diez horas, mientras que los coordinadores sumarán 25 horas, formándose uno por provincia y otro se encargará de coordinarlos, por lo que desde UGT y CCOO "nos preguntamos quién los coordinará a ellos, puesto que es una labor que debería realizar un funcionario".
El transporte escolar, por otro lado, está estimado en minutos, por lo que "no comprendemos cómo realizarán recorridos con unos minutos previamente establecidos".
"MUY PREOCUPADOS".
Campoy, por último, anunció que no es la primera vez que la Administración intenta externalizar estas funciones, por lo que recordó el trabajo conjunto entre UGT y CCOO para "lograr el beneficio de los trabajadores de nuestra comunidad, ya que está en juego la educación de los más pequeños", por lo que se declararon "muy preocupados".
Por su parte, en su intervención, López hizo hincapié en la actitud de la Administración, que a su juicio, se ha saltado las normas, sin convocar una mesa extraordinaria, y reivindicó que "este trabajo debe realizarlo el personal funcionario".
Las medidas de ambos sindicatos, amenazó, alcanzarán hasta la vía jurídica, "ya que existen sentencias en favor de casos parecidos", pero por lo pronto, "apostamos por el diálogo, sin descartar ninguna movilización en las puertas de las Delegaciones, para exigir –recapituló– que se convoque la mesa general y que se paralice la adjudicación de esta legislación".
En principio, recordó López, fue "un acuerdo excelente que prometía cubrir todo el servicio administrativo", pero los dos sindicatos, que estuvieron a favor de la nueva medida, aseguran que "no de esta manera, ya que conlleva una precariedad en las condiciones de los trabajadores que serán elegidos por la empresa determinada por concurso".
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