Ante este panorama, Comisiones Obreras y UGT coincidieron en augurar que la compañía británica pretende cerrar el centro gaditano "en dos fases": primero prejubilará al personal mayor de 50 años y después argumentará la marcha total porque "no merece la pena" mantener una planta de estas características con tal volumen de plantilla y actividad.
Para Periane, Imperial "no puede invocar un escenario de crisis porque todo lo que le podía pasar al tabaco ya le ha pasado y ahora no hay un problema de mercado". En cambio, el responsable de CC OO aseguró que la estrategia responde a una "operación clásica de una multinacional, que compra una empresa para quedarse con el mercado -en este caso el español y francés- y aniquila su producción para llevársela" a zonas de menores costes "como Marruecos o Polonia". "Es una operación redonda", setenció Periane, quien, además, advierte en esta maniobra un interés especulativo tanto con la fábrica, "que es la joya de la corona" de la capital, como con los antiguos depósitos.
Con estos temores, ambos sindicatos exigieron a la Junta un rechazo "absoluto" del ERE y que reclame el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2005, entonces como Altadis, dentro de la última reestructuración. Uno de ellos fue el compromiso de la tabaquera de abrir un centro logístico en Alcalá de Guadaira y crear 230 empleos. Sin embargo, "los terrenos se han comprado pero no se ha hecho ninguna inversión" pese a que la Administración aportó "ayudas a la globalidad del proyecto", según Periane. Una recriminación que también lanzó el secretario general de la Federación Andaluza Agroalimentaria de UGT, Pedro Marcos, quien denunció que la tabaquera ha disfrutado de "pingües beneficios con la absoluta complicidad de la Administración, que le ha dado dinero cuando lo necesitaba". Por ello, Marcos reivindicó que ante un posible desmantelamiento de la planta gaditana, Imperial "reivierta en otra actividad productiva" que permita mantener tantos los empleos directos como los indirectos del tejido auxiliar.
Ambas organizaciones trasladarán su postura a la Administración "de manera inmediata" y prevén movilizaciones a partir de septiembre a nivel nacional, "con la posibilidad de intensificarlas en Cádiz porque esto es intolerable", sentenciaron.
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