El pleno del Consell aprobó el padado viernes el decreto que desarrolla la ley de septiembre del año pasado de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Según explico en rueda de prensa el vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, la cuantía del subsidio se situara entre los 373,89 euros y los 603,05 euros al mes y su percepción se vinculará a la voluntad de inserción sociolaboral de los destinatarios. La renta mínima garantizada es un derecho de ciudadanía recogido en la reforma del Estatut valenciano aprobada la pasada la legislatura.
Para conciliar la cobertura a unidades familiares con el fomento de políticas que eviten caer en subvenciones eternas, el decreto del Consell estipula que el beneficiario de las ayudas deberá firmar las condiciones establecidas en una Plan de Inserción Familiar, "que es un conjunto de medidas propuestas por el equipo social del ayuntamiento o entidad local para conseguir la inserción sociolaboral de los destinatarios de la renta garantizada". El Ejecutivo valenciano busca con este condicionante propiciar la voluntad de inserción en el mercado de trabajo a fin de evitar que los destinatarios caigan en una dependencia permanente de los subsidios, según explicó Vicente Rambla.
Según la información facilitada ayer por la Generalitat, podrán percibir la prestación las personas entre 25 y 65 años en situación de necesidad que acrediten tener a su cargo menores de edad o discapacitados. También son beneficiarios los menores de 25 años y mayores de 18 años que hayan estado sujetos al sistema de protección en los dos años anteriores a la solicitud. Todos ellos deberán comprometerse a participar en los proyectos de reinserción social y laboral que les ofrezca las administraciones. Los ayuntamientos podrán hacer frente a los pagos si lo solicitan, en caso contrario será la dirección territorial de la Conselleria de Bienestar Social la que asuma la tramitación del pago. En este caso las entidades locales estarán obligadas a elaborar el Plan Familiar de Inserción.
También serán beneficiarios de la renta mínima las personas víctimas de violencia en el ámbito familiar (mayores) o de género (mujeres). Para ello será suficiente con que acrediten el trámite inicial de denuncia ante la administración judicial. La dotación económica prevista para afrontar el pago de las rentas este año es de seis millones de euros, siempre según fuentes de la Generalitat.
En materia de fomento del empleo, el pleno del Consell también aprobó ayer la concesión de 5,4 millones de euros a varias entidades y sindicatos. De ellos, tres millones y medio tienen como destino el fomento del empleo para persona con discapacidad. Otros 1,6 millones de euros se han concedido para acciones de orientación profesional de empleo y asistencia al autoempleo. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras son los dos destinatarios. Además el Servef destinará 267.588 euros a la Fundación de Hostelería de Valencia para el desarrollo de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados.
Entre el paquete de acciones de la Conselleria de Economía figura también un convenio entre el Servef y el Consorcio para el Pacto Territorial de creación de empleo de l’Horta Nord.
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