CCOO y UGT piden a Imperial Tobacco que «reinvierta» en Cádiz para mantener los puestos de trabajo

Los representantes sindicales de CCOO y UGT pidieron hoy a Imperial Tobacco que "reinvierta" en Cádiz para mantener los puestos de trabajo que pretende eliminar con el plan de restructuración anunciado para la planta gaditana, lo cual considerar "un cierre en dos fases" y advirtieron que no lo van a permitir.

En rueda de prensa, el secretario provincial de CCOO, Manuel Ruiz, consideró la intención de la compañía tabaquera como "un ataque más al empleo en la provincia" y señaló que hay que coordinar el trabajo "ante estos ataques al empleo", ya que hay a las "reconversiones industriales se une la crisis profunda que va a durar tiempo".

Por su parte, el máximo dirigente sindical en la provincia de UGT, Pedro Custodio González, manifestó su "rechazo" al plan presentado y señaló que "este ataque no se debe producir", por lo que pidió a "todas las administraciones" que se implicaran. Asimismo, indicó que en Cádiz hay que hablar de construcción de empleo y siempre se está hablando al final de destrucción de empleo.

Por su parte, el secretario general de la Federación Andaluza Agroalimentaria de UGT, Pedro Marcos, manifestó que no se pueden permitir más cierres de empresas. Además, argumentó que el cierre de la empresa tabaquera en Cádiz "no es necesario", por lo que "hay que pelear para que no cese la actividad".

En este sentido, añadió que "una empresa que ha ganado grandes beneficios con la complicidad de la Administración, quiere irse" y aseguró que el plan de restructuración implica "un cierre en dos fases".

Asimismo, el el secretario general de la Federación Andaluza Agroalimentaria de CCOO, Antonio Periane, insistió en la misma idea diciendo que "no es un escenario de crisis para una empresa y no tienen un problema de mercado, por lo que no tienen justificación". En este sentido, aseguró que el plan anunciado "se fundamenta en una operación multinacional en la que una empresa compra el mercado de otra española y se lleva la producción a otra situación que le sale más barato".

A juicio de Periane, la Junta "debe imponerle su negativa a la operación con el expediente de regulación de empleo e impedir que salga ningún puesto de trabajo".