Como si fuesen Santa Bárbara, el gobierno sólo se acuerda de los inmigrantes cuando truena. Así lo denuncian CC.OO. y UGT, que lamentan que tras años de inoperancia en reagrupación familiar el ejecutivo de Zapatero se ocupe de esto justo cuando arrecia la crisis económica y sólo para restringirla. En su última visita a Barcelona, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se mostró decidido a acabar con ‘la enorme contradicción’ de que los inmigrantes menores de 18 años que llegan a España por esta vía no tengan acceso directo al mundo laboral. No así el resto de los reagrupados, a los que se les concede tarjeta de residencia pero no permiso de trabajo.
De acuerdo con la normativa actual, un extranjero que resida legalmente en España puede reagrupar a sus padres, su cónyuge, sus hijos y los de éste una vez haya obtenido la primera renovación de la tarjeta de residencia y acredite que dispone de recursos económicos suficientes como para mantener a quien traiga. Al no tener permiso de trabajo, el familiar que entra en el país por este procedimiento queda anclado al familiar que lo llevó consigo. En la práctica, esto perjudica sobre todo a las mujeres, condenadas a la dependencia económica, y a los jóvenes que no quieren seguir estudiando.
Corbacho sólo se ha animado a resolver la problemática de estos últimos, dentro del paquete de nuevas medidas en inmigración, que incluyen suprimir el derecho a traer a los ascendientes y fijar unos meses determinados para la llegada de menores en edad escolar. En declaraciones posteriores a la rueda de prensa en la capital catalana, el ministro reconoció que el mercado laboral no pasa por el mejor momento como para absorber a todos los reagrupados con carta blanca para solicitar empleo.
‘La familia tiene que vivir con un único sueldo’, se lamenta Raquel Gil, secretaria de Políticas de Mujer e Igualdad de UGT de Cataluña. Según sostiene, la inmigrante padece una doble discriminación: por mujer y extranjera. ‘En casos de violencia de género, da lugar a situaciones muy complicadas. Al revés también, ya que cuando el hombre es el dependiente, en determinadas culturas no se asimila’.
UGT y AMIC (Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Cataluña) ya denunciaron esta problemática en un informe del 2007, en el que confiaban en que el traspaso de competencias a la Generalitat en materia de inmigración previstas en el Estatut fuese ‘una oportunidad para emprender medidas que faciliten el acceso real al mercado laboral de los que ya residen’. Hasta el momento el gobierno español se había centrado en la contratación en origen ‘más como un fin en si mismo que como una herramienta’, critica Gil. En su opinión, no se aprovechó la pujanza económica ‘para hacer una política de inmigración más razonable’.
Los reagrupados, con independencia del tiempo de residencia, ‘pueden obtener una autorización para trabajar en cualquier trabajo y en cualquier lugar del Estado español’. Este es el ‘mensaje inequívoco’ que ha querido trasmitir la Generalitat en un opúsculo que hoy presenta en el Parlament el Secretario para la Inmigración, Oriol Amorós. El folleto explica las dos vías que, al margen de la economía sumergida, tienen los reagrupados para conseguir un empleo. En primer lugar, obtener una autorización de trabajo, para lo que necesitan un contrato a tiempo parcial o de una duración determinada, siempre que suponga una retribución inferior al salario mínimo interprofesional. Otro recurso es hacerse con una autorización de residencia y trabajo independientes, para lo que se requiere un contrato de como mínimo un año a jornada completa. ‘Se entra en un círculo vicioso’, apunta el Secretario de Inmigración de CC.OO. Cataluña, Ghassan Saliba, quien también se pregunta ‘qué tipo de trabajo va a conseguir un menor inmigrante’. Según añade Gil, la legislación actual supone ‘ir a pedir trabajo con una tarjeta donde pone que no puedes trabajar’. Aunque ya se han llevado a cabo campañas informativas para concienciar a las empresas que no hay ningún inconveniente en realizar estos trámites, acostumbran a ser ‘muy reacias’, observa.
Al recelo de los empresarios hay que añadir el laberinto burocrático en el que a menudo se sumerge el inmigrante para resolver estos trámites. ‘Ahora se ha agilizado bastante’, reconoce Gil, quien estima que hoy por hoy el permiso de trabajo puede estar disponible en dos o tres meses. ‘Hasta el 2007, un inmigrante podía esperar más de un año. A ver que empresa espera un año por cualquiera’.
Las cifras refuerzan estos argumentos. En el 2007, se aprobaron 27.000 solicitudes de reagrupamiento familiar sobre un total de casi 30.000 presentadas. Un 50 por ciento de las peticiones correspondían a personas en edad laboral, de entre 16 y 65 años. No obstante, sólo se concedió una solicitud administrativa para trabajar de las contempladas en el reglamento de extranjería a 700 personas. Un total de 4.500 lograron una modificación de su situación y un permiso para trabajar por cuenta ajena, tras conseguir un contrato de un año. El resto o bien renunciaron a cualquier actividad remunerada o bien cobraron en negro.
Desde CC.OO., se acusa a Corbacho de un discurso ‘muy poco riguroso’ en inmigración y en concreto de dar datos sobre el reagrupamiento de ascendentes ‘totalmente falsos’. Según el sindicato, han sido muy pocos los padres de inmigrantes reagrupados en los últimos años. Sólo un 3 por ciento de los que vinieron por este procedimiento en el período 2004-2007 tenían más de 65 años, según datos de la Delegación del Gobierno: un 43 por ciento oscilaban entre 18 y 65 y un 54,4 por ciento eran menores de 18. Tampoco se ha tenido en cuenta que desde el 18 de marzo del 2008 los inmigrantes pueden inscribirse cuando quieran en los Servicios Públicos de Empleo y en las Agencias de Colocación como parados, mientras que antes se les exigía un año de residencia legal. Según Saliba, esto ha aumentado el número de parados. ‘Las medidas de Corbacho reflejan una forma de pensar sobre la inmigración’, lamenta el representante de CC.OO. ‘Sólo quieren máquinas, mano de obra’.
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