El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, amplió ayer el contenido de su propuesta sobre la conveniencia de restringir el derecho de reagrupación familiar de los inmigrantes, al introducir la posibilidad de que se impongan requisitos "socioeconómicos" más exigentes para quienes quieren traer a su familia a España.
Según declaró el ministro antes de intervenir ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado "en estos momentos, los conceptos socioeconómicos y laborales que se le pide a la persona que reagrupa a otros son muy débiles".
Es por ello que Corbacho plantea si "el concepto" de la reagrupación "tiene que estar tan abierto como dice ahora la ley, o si debe tener sus propias limitaciones", como la que plantea su ministerio desde hace unas semanas y por la que los reagrupados sólo podrían ser miembros del núcleo familiar, compuesto por el matrimonio y los hijos menores de edad.
"La reagrupación familiar tiene una idea básica, que es potenciar el núcleo familiar y consolidar la estructura de la familia, pero para eso hay una condición ‘sine qua non’: que quien reagrupa tenga las condiciones mínimamente adecuadas para garantizar que esa familia no se va a desestructurar, sino todo lo contrario". declaró el ministro.
Esta medida, que podría introducirse en la reforma de la Ley de Extranjería cuyos trabajos parlamentarios comenzarán en septiembre, deberá debatirse, según Corbacho, "en sede parlamentaria" y contar con el "máximo consenso posible" de las fuerzas políticas. "Hemos de saber distinguir la gestión de los acuerdos de Estado y en la inmigración, se necesita un pacto de Estado", aseguró durante su intervención ante el Senado.
En la actualidad, la normativa establece como requisitos para la reagrupación "justificación documental que acredite la disponibilidad de una vivienda adecuada para atender las necesidades del reagrupante y de la familia", así como "acreditación de empleo y/o recursos económicos para atender las necesidades" de la misma, en una cuantía exigible que varía en función del número de reagrupados y las condiciones de los mismos.
Según informó a Europa Press el portavoz de Rumiñaui, Raúl Jiménez, "con una nómina de 1.000 euros y una vivienda suele ser bastante porque los servicios sociales analizan cada caso sobre la marcha".
El ministro retomó asimismo el conocido Decreto de Retorno y afirmó que estará listo en septiembre y no en julio, como se había anunciado. Fuentes del ministerio confirmaron a Europa Press que el documento ha sido entregado como informe al Consejo de Ministros, que procederá a su aprobación "después del verano".
Ciudadanos en el exterior
En paralelo, Corbacho anunció ante la Comisión de Trabajo e Inmigración la intención del Gobierno de extender el sistema de prestaciones y la asistencia sanitaria y farmacéutica a todos los españoles residentes en el exterior que se encuentren en "situación de necesidad" y vivan en países sin acceso a un sistema de salud "equiparable al español".
Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Trabajo e Inmigración de la Cámara Alta, Corbacho confirmó que mantendrá las prestaciones a los ‘niños de la guerrà que se aprobaron la pasada legislatura y reiteró su objetivo de desarrollar el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior "con la máxima celeridad".
En este sentido, manifestó que seguirá "facilitando el retorno asistido" de los residentes en el extranjero a través de la Oficina Española de Retorno y explicó que "desde su inauguración el 16 de abril de 2007, ha recibido más de 430 fichas informativas" de personas interesadas en volver a España y "ha atendido más de 1.700 consultas relacionadas con el retorno".
"Este Gobierno puso unas bases correctas para hacer el reconocimiento de todas estas personas", apostilló el ministro, para apuntar después que el Ejecutivo "ha encargado un informe sobre posibles reformas electorales" en el que también se analiza la situación de los españoles en el exterior.
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