El acuerdo de legislatura sellado antes de las elecciones generales entre el Consell y los sindicatos que supuso una mejora cualitativa de las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos de la Generalitat podría verse completado con otro gran pacto sobre modernización de la Administración del Consell. La negociación, que ya está en marcha en el marco de la Mesa 5 de Administración Pública del nuevo foro de diálogo social abierto entre los sindicatos UGT y CC OO y Gobierno (antiguo Pavace), ha empezado a dar sus frutos.
A falta de un documento definitivo, de momento, los representantes de las conselleries de Economía y Administraciones Públicas han aceptado algunas propuestas como la creación de un cuerpo de empleados públicos especializados en atención e información al administrador. Estos funcionarios recibirían formación específica, y contarían con retribuciones "que contemplen la especialización con la que debería contar el citado personal", según consta en el borrador que el Consell ha hecho llegar a los sindicatos.
La implantación de estos equipos profesionalizados en la Administración sería, sostienen desde la Federación de Servicios Públicos de la UGT, el paso previo a la rescisión de aquellas contratas relacionadas con la atención al público. El objetivo es revertir al sistema público aquellos servicios que fueron privatizados hace años, como la atención telefónica en el 012 o la presencial en los puntos Prop. En la actualidad, muchas conselleries tienen contratos con empresas privadas para la atención al ciudadano. Es el caso de la Conselleria de Sanidad. Para el responsable del sector de autonómicas de la FSP-UGT, Gonzalo Fernández, en la mayoría de los casos estas contratas "no han funcionado". En su opinión, "ha quedado demostrado que la Generalitat podría ahorrarse el dinero de la contrata, ya que tiene empleados públicos preparados para ejercer mucho mejor estas tareas, sobre todo ahora que vivimos tiempos de ajustes económicos".
La FSP pide que se aplique un acuerdo de la mesa sectorial de la función pública firmado hace diez años que incluía un plan de empleo del colectivo de telefonistas de la Generalitat cuyo objetivo era formar a estos trabajadores mediante cursos selectivos para que pudieran sustituir a los telefonistas privados del 012.
Ventanilla única
Según los sindicatos, las ventajas de que sea un empleado público y no un privado el que lleve a cabo la atención al público son evidentes, ya que, gracias a las nuevas tecnologías, los primeros podrían acceder en cualquier momento a expedientes ahorrando al ciudadano el peregrinaje por distintas conselleries.
La propuesta de los sindicatos, cuyo objetivo es dar protagonismo a los empleados públicos en el proceso de modernización de la Generalitat, se completa con iniciativas ya anunciadas por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas relacionadas con la administración 24 horas y sin papeles. Es el caso de la ventanilla única (sistema intercomunicado de registro de entrada y salida de documentos)y cajeros 24 horas que permitan registrar documentos fuera del horario administrativo.
Por otro lado, el borrador del acuerdo que ha presentado la Generalitat incluye también compromisos para dotar de recursos humanos y económicos los servicios de prevención de riesgos laborales, así como impartir formación específica al personal.
Además, los sindicatos quieren recuperar otro acuerdo de 1998 sobre sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, un instrumento para evitar que los desacuerdos entre los sindicatos y la Administración acaben en los tribunales. La FSP propone que el Tribunal de Arbitraje Laboral tenga competencias en la sección de lo administrativo, de forma que cinco representantes del Consell y cinco de funcionarios resuelvan los conflictos
El punto más espinoso de esta negociación es el relativo a las contrataciones externas. Aunque el asunto no se ha reflejado todavía en ningún documento, la UGT quiere un compromiso explícito del Consell de ir reduciendo la presencia de empresas privadas en tareas propias de funcionarios públicos. El Consell se resiste a dar este paso, mientras que la UGT lo considera clave para estampar su firma en el acuerdo.
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