La Federación de Comunicación y Transporte de CCOO ha mostrado su preocupación por la posible entrada de capital privado en la gestión de los aeropuertos, al tiempo que insiste en que "será imprescindible la negociación con los sindicatos" para llevar a cabo esta modificación.
"Es imprescindible conocer la manera concreta en que se piensa aplicar y cuál es el papel que tiene reservado el Gobierno para los inversores privados", considera Comisiones Obreras.
Por otro lado, la central ve necesaria la participación de las comunidades autónomas y las diferentes entidades de la Administración local en la gestión de los sistemas de transporte.
Sin embargo, advierte al Gobierno de que "el modelo de participación en la gestión es indisoluble de los mecanismos de financiación y planificación de inversiones y de la viabilidad del conjunto del sistema y de la red, por lo que la composición de los órganos de gobierno y de gestión debe corresponderse con los niveles de responsabilidad que cada uno asume, dentro del marco competencial establecido".
Asimismo, apunta que "la transformación de las empresas públicas estatales que se identifican en la práctica con el propio sistema de transportes y funcionan como red integrada, no se puede hacer dando la espalda a sus efectos a corto y medio plazo, debiéndose fijar su titularidad pública y estableciendo las garantías necesarias para el mantenimiento de un empleo de calidad y de un marco homogéneo de relaciones laborales".
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Por su parte, la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT ha advertido al Gobierno de que "estará vigilante en lo que se refiere a la participación de entidades privadas" en la gestión de los aeropuertos y asegura que no consentirá que "conlleve la pérdida de derechos sociales adquiridos por los trabajadores de servicios aeroportuarios".
Asimismo, indica que no permitirá "ni la generación de desequilibrios territoriales ni el empeoramiento en los niveles de seguridad y calidad en el servicio al usuario del transporte aéreo".
Con respecto a AENA, muestra su apoyo a la separación en la estructura de gestión que delimita las competencias entre la gestión del espacio aéreo y la aeroportuaria.
Por otro lado, estima que la participación de las comunidadss autónomas en la gestión de los aeropuertos se perfila como una medida acertada siempre y cuando "el Gobierno respete el compromiso de salvaguardar la participación mayoritaria del Estado en la tarta de las competencias".
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