El resultado que arroje este procedimiento judicial será incluido en el expediente sancionador que existe actualmente contra la empresa que gestiona la Clínica San Rafael.
La sanción
La ya conocida guerra de las faldas desembocó no sólo en una pelea interna entre los sindicatos con representación en los distintos comités de empresa de las clínicas, sino también en una sanción que impuso la Inspección de Trabajo por considerar que los responsables de Pascual habían obviado su obligación de consultar con los representantes de los trabajadores la idoneidad del uso de la falda como vestimenta de trabajo. Fijó una sanción económica de 6.000 euros.
Esta batalla comenzó cuando el comité de empresa de la Clínica San Rafael denunció públicamente cómo se les obligaba a utilizar falda. El conflicto se fue retorciendo y la última aportación ha sido la del Defensor del Pueblo Andaluz, que definió el criterio de la empresa de «absurdo».
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